Un dictador es un dictador, no importa su excusa para oprimir a la gente.
Un genocida es un genocida, no interesa el motivo de su persecución sistemática.
Un criminal de lesa humanidad es un criminal de lesa humanidad, es irrelevante el dogma que invoca para cometer sus crímenes.
Sin embargo, en América Latina parece que, parafraseando a Orwell, todos los dictadores son iguales, pero algunos son más iguales que otros.
Cuando en 1990 los grupos de la izquierda radicalizada latinoamericana -algunos apenas dentro de la ley y otros integrantes de bandas de delincuentes clandestinos- se encontraron de repente sin la contención y el sustento de la Unión Soviética que acababa de caer, comenzaron a transitar un proceso destinado a sustituir la cómoda situación de no tener que mostrar resultados para recibir la paga, por la necesidad de acceder al poder político en los respectivos países, para garantizar su base de sustentación. Dada la urgencia, esa situación fue discutida con todo el celo y detalle necesarios en el denominado Foro de Sao Paulo.
Desde entonces, la mayoría de los países de la región han tenido gobiernos que respondieron a ese plan, y con el tiempo formaron un cofradía indisoluble que les ha garantizado subsistir aun cuando circunstancialmente algunos deban dejar el poder.
Han sido populistas, demagogos y buenistas cuando tuvieron el control de sus países, y paulatinamente se volvieron más intervencionistas y violentos al correr el riesgo de perder el poder. Siempre estuvieron dispuestos a apoyar y defender a sus compañeros de correrías cuando sus gobiernos estuvieron en peligro, sabiendo que su supervivencia depende del número.
Por eso no parece extraño que algunos de esos presidentes que exhiben credenciales de demócratas y preocupados por la gente, hoy se hayan convertido en los velados defensores de una de las más crudas dictaduras que subsisten en la región, la que lleva como cabeza a Nicolás Maduro, aunque el verdadero poder no resida en esta persona de escasos recursos intelectuales.
Presidentes como Petro, Lula o López Obrador han afirmado con aire circunspecto y sin que se les moviera una ceja que existen varias opciones para resolver la “discrepancia” que existe entre el régimen chavista de Venezuela y el resto de la población de ese país.
En este sentido han propuesto soluciones tales como: exigirle al gobierno venezolano que exhiba las actas de votación para que el órgano estatal correspondiente -que responde al dictador- decida lo que corresponda; que Maduro convoque un gobierno de coalición que integre a parte de la oposición, o incluso que se vuelvan a celebrar las elecciones.
Han mostrado estas propuestas como exigencias al régimen, cuando en realidad no son más que bocanadas de aire que le dan a un dictador que se encuentra hackeado por su propia población.
Las actas de la votación debieron ser entregadas a más tardar a las 48 horas de celebrarse las elecciones. Eso hizo la oposición, que rápidamente aportó las copias de las actas que sus testigos habían registrado la misma noche de la elección. No sólo los representantes de González Urrutia y Machado, sino de todos los demás partidos -salvo el oficialismo- que participaron en la elección. Incluso el Partido Comunista de Venezuela, histórico aliado del chavismo, aportó las copias de sus actas y denunció el fraude de Maduro.
Frente a eso el gobierno no pudo exhibir nada. Su única reacción fue detener y coaccionar a los testigos de las elecciones para que eventualmente volvieran a firmar actas fraguadas que, en definitiva, no pudieron ser elaboradas a 20 días de cerrada la votación.
La consecuencia de ello es que, según copias de actas aportadas por los partidos y que no han podido ser invalidadas, el resultado de la elección dio una diferencia de 70 a 30 en favor de la oposición.
La propuesta de un gobierno de coalición en el cual el régimen dictatorial “ceda” algo del poder a la oposición no sólo es ridícula, sino que además se advierte como una clara estratagema para legitimar la dictadura. Lo propio puede decirse de volver a votar: ya se votó y Maduro perdió escandalosamente. Reiterar la elección sería tanto como admitir la derrota e intentar revertirla a través de alguna maniobra fraudulenta futura.
El problema principal de esta actitud de algunos presidentes latinoamericanos, es que no están simplemente apoyando a uno de los suyos que intenta trampear una elección para quedarse en el poder a pesar de perder elecciones. Ello sería condenable, pero el asunto es aun peor: están apoyando a una dictadura sanguinaria, la más cruel en estos momentos en la región.
El régimen chavista tiene una larga tradición de fraudes electorales, por distintos métodos, a lo largo del cuarto de siglo que detenta el poder. La violencia física contra opositores ha sido parte de su estrategia, que se cuenta a lo largo de ese tiempo en miles de muertos y heridos.
Inmediatamente después de que se desnudó este nuevo intento de fraude, Maduro inició una reacción violenta que ha ocasionado varios muertos en las calles por parte de sus sicarios, incluyendo algunos niños. Se ha ufanado el dictador de haber detenido unas 2000 personas por manifestar en las calles, y anunció la creación de nuevos centros de detención para disidentes políticos.
El Helicoide, la tristemente famosa prisión venezolana, es un símil a otros centros de detención y tortura de disidentes de la región. La única diferencia que existe entre el Helicoide y la ESMA de Argentina, es que esta última era un centro clandestino, oculto al público, donde se practicaban detenciones arbitrarias, torturas y muertes de manera escondida. El Helicoide, por el contrario, es una cárcel ubicada en el centro de Caracas, donde todo el mundo sabe que se detienen disidentes, se los tortura y se los asesina, el régimen lo reconoce, de hecho amenaza a los disidentes con llevarlos al Helicoide, y promete habilitar dos centros más para recluir y castigar a todos lo que se opongan a su régimen dictatorial.
Los presidentes curiosamente considerados “progresistas”, que esconden estas circunstancias y pretenden resolver el problema de Venezuela con nuevas elecciones o gobiernos mixtos, en realidad están avalando lisa y llanamente la más violenta dictadura que existe hoy en la región.
Por desgracia, ello muestra que los instrumentos del derecho penal internacional se ven inhibidos en casos como este, demostración de que todos los dictadores son iguales, pero algunos son más iguales que otros.
Fuente: PanamPost