Ortega y Murillo continúan la purga del Estado sandinista: más de una decena de despidos en Cancillería

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa la purga de funcionarios públicos en las instituciones del Gobierno de Nicaragua, iniciada desde enero de 2023 a distintos niveles: desde destituciones de alcaldes, embajadores, magistrados y ministros. La última institución en ser sacudida ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir la Cancillería del régimen, donde cayó una figura leal a la vicepresidenta Rosario Murillo: la vicecanciller Arlette Marenco y su esposo, Reynaldo Martínez, también funcionario de Exteriores.

Tres semanas después que medios independientes informaron sobre la defenestración de Marenco, y el arresto de su esposo en la cárcel de El Chipote por estar investigado por “actividades de corrupción no autorizadas”, el pasado 22 de julio el diario oficial La Gaceta oficializó la caída de la alta funcionaria. Marenco no sólo ocupaba el cargo de vicecanciller, sino que era también “Secretaria de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministra asesora del Presidente de la República para las Relaciones Internacionales”.

En la práctica, según fuentes de Cancillería consultadas por EL PAÍS, Marenco era la operadora política de Murillo. Era la mujer de confianza de la “copresidenta” en esta institución, mientras que la otra figura clave en Exteriores es el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, quien de facto se encarga de vigilar a los funcionarios de Cancillería y al cuerpo diplomático nicaragüense acreditados en otros países.

“Cuando Arlette Marenco daba una orden en Cancillería, vos sabías que era la misma Rosario Murillo quien te estaba hablando, ordenando”, relata la fuente ligada a Exteriores. La vicecanciller era también una suerte de correa de transmisión de los habituales insultos de Murillo con los diplomáticos acreditados ante Managua. Incluso, solía comunicarse de “manera constante” con los embajadores a través de llamadas celulares o mensajería.

Otra fuente diplomática relató a EL PAÍS que, por ejemplo, en 2022 varios embajadores, en su mayoría de la Unión Europea, fueron citados por Marenco para ser reprendidos en “un lenguaje soez” por las sanciones internacionales impuestas al régimen Ortega-Murillo. Además, les reclamó a esos países europeos por “apoyar las resoluciones en contra del gobierno sandinista en organismos internacionales como Naciones Unidas”.

“Ella también era quien le daba los ultimatums a los diplomáticos que el régimen expulsaba de Nicaragua. En marzo de 2022, Marenco le comunicó al nuncio de El Vaticano, Waldemar Sommertag, que tenía quince días para salir del país”, refiere la fuente ligada a la Cancillería. Marenco era funcionaria desde el año 2016 y desde su destitución guarda “casa por cárcel”.

Ni altos funcionarios se salvan
Cuando empezó a circular el rumor de la destitución de la vicecanciller hubo mucho escepticismo dada su cercanía con la “Copresidenta” Murillo. Sin embargo, no es extraño que desde enero de 2021 sean purgados altos jerarcas sandinistas, como Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En el Poder Judicial más de mil personas han sido despedidas. Ramos era de las pocas figuras históricas del sandinismo leales aún a Daniel Ortega y no a Murillo, con quien mantenía una relación tensa.

Otro ejemplo es el del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, cuya destitución en junio pasado causó sorpresa, al ser considerado uno de los principales operadores económicos del régimen. Sin embargo, el régimen 24 horas después se retractó y nombró a Acosta como “ministro asesor del presidente de la república ante organismos internacionales”, un cargo que en Nicaragua no existía hasta ese momento.

Diversas fuentes ligadas al gobierno y de oposición sostienen que esta purga es comandada por Murillo, pero con la venia de Ortega, y se enmarca en el proyecto de sucesión familiar del poder. La “Copresidenta” ha purgado a funcionarios que no gozan de su absoluta confianza –o que le parece que ya no le son leales– para sustituirlos. De manera que cuando sea el momento de ejecutar la sucesión dinástica, en la que el “delfín aupado” por Murillo es su hijo Laureano Ortega Murillo, no encuentre detractores.

Decenas de altos funcionarios han sido destituidos y a algunos, como el esposo de Marenco, le achacan actos de corrupción y les imponen prisión. Aparte de Marenco y su esposo, en Cancillería han sido “cesanteados” una docena de funcionarios leales a la vicecanciller. Este lunes 30 de julio, el diario oficial La Gaceta informó de la destitución de Carlos Alberto Cerda Gaitán del cargo de viceministro para asuntos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Los despidos que están sucediendo en Cancillería son el síntoma de una enfermedad mayor que padece la dictadura Ortega-Murillo. Es una crisis bastante fuerte porque no son despidos de funcionarios menores, son funcionarios de primer orden como el caso de Arlette”, dice a EL PAÍS el exembajador del régimen ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Macfields. El diplomático renunció a su puesto en marzo de 2022 por no poder “seguir defendiendo lo indefendible: una dictadura”. Después de renunciar, en Managua, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen le encargó al viceministro Cañas establecer vigilancia a los funcionarios y diplomáticos nicas para prever y evitar más deserciones.

“Yo conocía de cerca a Arlette. Habían comunicaciones de alto nivel que ni el mismo canciller Dennis Moncada conocía, pero ella era quien las manejaba porque era la mano derecha de Rosario. Eso te habla de su rango como funcionaria”, prosigue McFields. “Sin embargo, estas crisis de despidos reflejan una crisis de desconfianza extrema en la dictadura. Cuando empiezan a rodar cabezas es porque suceden cosas que el régimen no tolera o no comprende, como señales de descontento mínimas, un movimiento extraño o filtraciones de información en las instituciones. Es parte de una paranoia muy grande porque parte de estos despidos son infundados por rumores o malentendidos. Lo menos que es, es una lucha contra la corrupción”.

McFields sostiene que en “esta nueva etapa” del régimen Ortega-Murillo, es decir en el plan de sucesión dinástica, Murillo no está priorizando las capacidades de sus funcionarios, sino lealtades. “La capacidad ha pasado a un tercer plano, lo que requieren es fidelidad, obediencia ciega. Creo que hay funcionarios que Rosario luego se da cuenta que son insustituibles por su conocimiento y porque conocen cosas delicadas, como el ministro de Hacienda. Por eso a algunos funcionarios los reprenden, los degradan pero no se deshacen de ellos”, analiza el exembajador ante la OEA.

Fuente: El País