Organizaciones piqueteras extorsionaban a beneficiarios de ayudas sociales

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No es ninguna sorpresa descubrir que las “organizaciones sociales” no representan a absolutamente ningún estamento de “la sociedad”, de la misma manera que los sindicalistas no tienen relación alguna con el interés de los trabajadores. Sin embargo, estos movimientos se consolidaron como un actor de presión en la política argentina. Con el peronismo, se conforman con el dinero y las prebendas del Estado. Cuando gobiernan otros, se dedican a la protesta y la extorsión, ya sea para mantener los beneficios o para desgastar a los presidentes que no les resultan apropiados para sus intereses.

Con esta estrategia, despliegan nutridas manifestaciones en las calles, mientras que el periodismo, vaya a saber por qué cuestión, denomina las mismas como manifestaciones de “la protesta social”. No hay que aclarar que desde que asumió Javier Milei las presiones se multiplicaron de la mano de los paros de los sindicatos, que ya llevan dos en tiempo récord. No obstante, el gobierno se muestra decidido a mantenerse en su postura de auditar cada peso que gasta el Estado, por lo que muchas personas están muy nerviosas e inquietas.

Como revelamos en las coberturas de varias movilizaciones, las personas que marchan con las banderas de las agrupaciones de izquierda no tienen ni la más pálida idea de lo que hacen allí. Aunque solemos recoger uno o dos testimonios para dejar en claro el punto, lo cierto es que no hace falta más que acercarse un instante para corroborar que siempre se trata de lo mismo: unos pocos punteros políticos y un gran número de personas que están allí por necesidad exclusivamente.

Desde que se instaló la línea telefónica 134, para reportar irregularidades de las mal llamadas “organizaciones sociales”, las denuncias no han dejado de llegar. Ahora, un número importante de dirigentes y militantes de las agrupaciones piqueteras son investigados por la Justicia Federal. Están acusados de extorsionar a las personas que reciben asignaciones gubernamentales, a las que obligan a hacerse presente en las manifestaciones políticas. Según la información que se desprende de las causas, todo parece indicar que los dirigentes piqueteros también cobraban dinero por los bolsones de comida, que los ciudadanos deberían estar recibiendo sin retribución alguna.

Como informaron los medios argentinos esta mañana, ya se ejecutaron 27 allanamientos contra las personas denunciadas. La investigaciones judiciales se presentaron en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, desde donde se ordenó comenzar con los operativos. Los sospechosos que ya están siendo investigados pertenecen al Polo Obrero, pero también estarían involucrados dirigentes de otros espacios como Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.

Esta malversación de fondos públicos también estaría teniendo lugar en las asignaciones que el Estado hacía a los comedores y merenderos. Luego de la auditoría que realizó el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello se llegó a la conclusión de que 47 % de las instituciones que recibían recursos, directamente no existían.

Fuente: PanamPost

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