Cinco ex ministros de Bolivia están bajo la lupa judicial en dos procesos penales

La Justicia boliviana inició en octubre investigaciones contra cinco ex ministros por presuntas irregularidades de gestión pública, en dos casos que involucran a antiguos colaboradores de los ex presidentes Evo Morales (2006-2019), Jeanine Áñez (2019-2020) y Luis Arce (2020-2025).

Las investigaciones apuntan a cuatro ex ministros de Defensa por presuntas irregularidades en la adquisición de radares franceses de control aéreo y a la ex ministra Teresa Morales, por supuestamente haber ignorado 65 solicitudes de información pública durante su gestión al frente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

El caso de los radares comprende a Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, que fueron ministros durante el Gobierno de Morales; Luis Fernando López, que ocupó esa cartera durante la administración interina de Áñez, y Edmundo Novillo, que fue ministro en el mandato de Arce y fue aprehendido por la Justicia el jueves, luego de brindar su declaración informativa en La Paz.

El Ministerio de Defensa presentó el 15 de octubre una querella penal contra los cuatro ex ministros y otras 15 personas, entre ellas ex funcionarios y representantes de la compañía francesa Thales. El contrato, firmado en agosto de 2016 por unos 191 millones de euros, contemplaba la instalación de 13 radares, además de centros de control, sistemas de comunicación y otros componentes destinados a mejorar la vigilancia del espacio aéreo boliviano.

En 2022, los radares fueron entregados y con garantía de dos años por la empresa proveedora, según registran reportes de prensa de la época.

Sin embargo, una auditoría interna reciente identificó observaciones técnicas en 11 de los 13 radares: nueve funcionaban con deficiencias y dos estaban fuera de servicio. El proyecto, según información de la Procuraduría General del Estado, habría ocasionado un daño económico superior a 1.478 millones de bolivianos, equivalentes entonces a unos 128 millones de dólares.

Adicionalmente, se observó que el plazo inicial de ejecución era de 31 meses, pero siete modificaciones contractuales lo ampliaron a 98 meses.

Con base en esos antecedentes, el Ministerio de Defensa atribuye a los ex ministros responsabilidades relacionadas con la firma del contrato original y sus modificaciones durante sus respectivas gestiones. Los delitos denunciados incluyen contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Tras conocer la apertura del caso, el ex ministro Ferreira, con quien inició el proceso de contratación de los radares, defendió el proyecto y su inocencia en una publicación de redes sociales en la que también cuestionó que se procese a la empresa Thales.

Según su criterio, el objetivo de esa acción es “cerrar la posibilidad de que el proyecto funcione” porque “la empresa francesa es la única que podría proveer los repuestos para que esos radares funcionen”.

“Difícil no creer que esto beneficiará a los que recaudan por permitir los vuelos de las avionetas del narcotráfico, que se pampean a libre albedrío por nuestro espacio aéreo, cuyo control tratamos de implementar con la Fuerza Aérea de Bolivia, a varios de cuyos oficiales también se acusa”, escribió.

Morales y la UIF bajo escrutinio
El segundo caso judicial, que involucra a Teresa Morales, ex ministra de Desarrollo Productivo durante el Gobierno de Evo Morales y ex directora de la UIF entre marzo de 2018 y la crisis política de 2019, tiene que ver con presuntas irregularidades en el manejo de información financiera y el cumplimiento de sus funciones.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que la UIF omitió responder en 65 ocasiones a requerimientos de información de su despacho relacionados con investigaciones sobre posibles delitos financieros. Según la autoridad, las omisiones podrían haber favorecido a personas con poder político o económico.

La denuncia incluye presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional.

Morales rechazó las acusaciones y aseguró que durante su gestión no se omitieron informes al Viceministerio de Transparencia. Sostuvo que los reportes se elaboraban a requerimiento de fiscales y cuestionó que se atribuyan a su administración actuaciones que, según ella, corresponderían a otros exdirectores de la UIF.

Teresa Morales ha sido una de las colaboradoras más leales del expresidente Morales. Después de su renuncia en 2019 y la caída del Gobierno en medio de acusaciones de fraude electoral, la exministra fue una de las voceras del evismo con la oposición para negociar la transición gubernamental en medio de la crisis política.

Más tarde se la ha visto en el círculo íntimo del expresidente, como defensora de la repostulación electoral. En su última aparición pública a finales de septiembre, arengó frente a los seguidores del expresidente en su bastión cocalero: “Tenemos que recuperar el proceso de cambio (…) no podemos dejar que este gobierno continúe arrebatando nuestros derechos y haciendo reformas a la constitución que consoliden ese arrebato”.

Las próximas semanas serán decisivas para la situación judicial de los cinco exministros.

Fuente: Infobae