ONU alerta por el aumento de las desapariciones forzadas prolongadas en Nicaragua

Las desapariciones forzadas en Nicaragua dejaron de ser episodios aislados y breves para convertirse, según un grupo de expertos de Naciones Unidas, en una práctica represiva prolongada, selectiva y sistemática.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe en el que documenta la evolución de este mecanismo de represión desde abril de 2018.

De acuerdo con la investigación, fueron verificados 161 casos de personas detenidas cuyo paradero o situación permaneció oculto por parte del Estado durante períodos que fueron desde algunos días hasta meses e incluso años.

El organismo advirtió, sin embargo, que la cifra podría ser considerablemente mayor debido a las dificultades para documentar los casos. Entre los principales obstáculos identificados aparecen el temor de familiares a posibles represalias y el desmantelamiento de organizaciones independientes dedicadas a la defensa de los derechos humanos dentro del país.

Al 31 de agosto de 2026, al menos 29 personas continuaban en situación de desaparición forzada.

De detenciones breves a desapariciones prolongadas

El informe sostiene que la modalidad represiva experimentó un cambio significativo a partir de 2023. Las desapariciones de corta duración, utilizadas inicialmente como mecanismo de castigo contra personas detenidas y de intimidación hacia sus familiares, habrían dado paso a situaciones mucho más prolongadas.

Según los expertos, esta transformación convirtió las desapariciones en una herramienta utilizada de manera recurrente y estratégica.

El documento, titulado “Anatomía de la crueldad estatal. Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, analiza los mecanismos empleados por las autoridades y las dificultades que enfrentan las familias para conocer el paradero y la situación de sus allegados.

Los investigadores también remarcan que el contexto de temor y la reducción del espacio para las organizaciones independientes dificultan la recopilación de información y generan un posible subregistro de los casos.

La presentación ante el Consejo de Derechos Humanos vuelve a poner el foco internacional sobre la situación de los detenidos y sus familiares en Nicaragua, particularmente sobre aquellos cuyo paradero continúa sin ser esclarecido.