Venezuela: primero la ley

La salida de la crisis venezolana no puede construirse sobre nuevas trampas institucionales. Si el objetivo es recuperar la democracia, el punto de partida debe ser uno solo: volver a la Constitución, reconstruir el Estado de Derecho y terminar con la corrupción como herramienta de poder.

Venezuela no necesita otra ingeniería política para administrar su decadencia. Necesita algo mucho más básico y, al mismo tiempo, mucho más difícil: recuperar sus instituciones.

Después de años de chavismo y madurismo, el país quedó atrapado en una estructura donde la Constitución fue desplazada, la Justicia perdió independencia y la corrupción dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en parte del funcionamiento del poder.

Ese es el verdadero problema.

La corrupción no solamente se llevó recursos. Se comió las instituciones desde adentro. Generó privilegios, negocios, favores, influencias y una estructura paralela de poder que terminó condicionando la vida política y económica de Venezuela.

Por eso cualquier transición que pretenda llamarse democrática deberá enfrentar esa realidad de frente.

No alcanza con cambiar nombres.

No alcanza con reemplazar funcionarios.

No alcanza con negociar cargos.

Hay que reconstruir la República.

La Constitución no puede ser negociable

El régimen venezolano hizo de la violación constitucional uno de sus principales mecanismos de supervivencia.

Elecciones cuestionadas, instituciones subordinadas, detenciones arbitrarias, persecución política y un Poder Judicial sometido al poder político son algunas de las consecuencias de esa degradación institucional.

Pero existe un riesgo adicional: que quienes pretenden reemplazar al régimen terminen utilizando sus mismas herramientas.

Ese sería un error monumental.

La oposición democrática no puede caer en la tentación de justificar atajos institucionales porque, al hacerlo, terminaría entregándole al régimen exactamente lo que necesita: la posibilidad de decir que todos son iguales.

No.

No todos son iguales.

Y precisamente por eso quienes pretenden reconstruir Venezuela tienen que actuar de manera diferente.

Jorge Rodríguez y la vieja receta

En este escenario aparece nuevamente Jorge Rodríguez, proponiendo que los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sean designados por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.

Es difícil imaginar una propuesta más funcional a la continuidad del mismo esquema.

Porque si el problema de Venezuela es precisamente la captura de las instituciones por parte del poder político, entregar nuevamente al poder político el control sobre la Justicia no es una solución.

Es la continuidad del problema con otro envoltorio.

No se puede reconstruir la independencia judicial reproduciendo los mecanismos que destruyeron esa independencia.

La gente ya eligió

Las elecciones de 2024 dejaron algo más que resultados electorales. Mostraron con enorme claridad cuáles son las opciones que cuentan con respaldo popular y cuáles quedaron definitivamente relegadas.

La sociedad venezolana sabe perfectamente dónde está parada.

Y quizás haya que escucharla más.

Porque el ciudadano común, después de años de crisis, no necesita demasiadas explicaciones académicas para comprender cuándo una institución funciona y cuándo está siendo utilizada para proteger al poder.

Sabe cuándo hay justicia.

Sabe cuándo hay persecución.

Sabe cuándo una elección es limpia.

Y sabe cuándo le están tomando el pelo.

La gente también sabe que la legitimidad no se fabrica en un despacho ni se obtiene mediante acuerdos entre dirigentes.

La legitimidad nace del voto y del respeto a las reglas.

La transición no puede convertirse en otro negocio

El gran peligro de una transición mal diseñada es que termine transformándose en un reparto de poder entre sectores que no representan necesariamente a la sociedad venezolana.

Sería cambiar los administradores sin cambiar el sistema.

Y Venezuela ya tuvo suficiente de eso.

El país necesita recuperar la seguridad jurídica porque sin ella tampoco habrá recuperación económica.

Ningún empresario serio invierte donde los contratos pueden desaparecer.

Ningún ciudadano puede vivir tranquilo donde la Justicia depende del poder político.

Ninguna democracia puede funcionar cuando las instituciones son utilizadas como herramientas de persecución.

Estado de Derecho, Justicia y certeza jurídica no son cuestiones decorativas. Son la base sobre la cual se reconstruye una economía y una República.

Sin Constitución no hay salida

Venezuela necesita volver a tener instituciones que funcionen, una Justicia independiente, elecciones legítimas, separación de poderes y garantías para todos.

Y eso exige una regla sencilla: la Constitución debe estar por encima de los intereses de todos, incluidos quienes dicen venir a salvar al país.

No hay transición democrática posible si comienza vulnerando la legalidad.

No hay normalización posible si quienes negocian carecen de representación popular.

No hay futuro si la salida consiste simplemente en acomodar a nuevos actores dentro de las mismas estructuras que llevaron al país al desastre.

Venezuela necesita democracia, pero también necesita algo previo: decencia institucional.

Porque después de tantos años de corrupción, abuso y destrucción del Estado de Derecho, la reconstrucción no puede hacerse con las mismas mañas.

La salida no está en inventar otra trampa.

Está en volver a la ley.

Y hay una verdad que debería ser imposible de discutir: todo lo que se decide de espaldas al pueblo termina perdiendo legitimidad.