La Asamblea Nacional venezolana impulsará un proyecto de viviendas para los afectados por los sismos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de reforma legal destinado a acelerar la construcción de viviendas luego de los terremotos registrados el 24 de junio, que según estimaciones oficiales dejaron una necesidad de unas 25.000 nuevas unidades habitacionales.

La iniciativa fue presentada por el primer vicepresidente del Parlamento, el diputado oficialista Pedro Infante, quien explicó que el objetivo es impulsar la construcción de viviendas adaptadas a las nuevas condiciones económicas y sociales del país. La sesión fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El proyecto plantea modificar la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, una reforma que todavía deberá superar un segundo debate antes de ser aprobada definitivamente. Según Infante, la propuesta busca generar mayores condiciones de seguridad jurídica, facilitar el financiamiento y promover una mayor participación del sector privado en el desarrollo inmobiliario.

Uno de los principales cambios previstos es la eliminación del esquema de precios fijos obligatorios, una medida que, según el oficialismo, dificultaba la ejecución de obras debido a las variaciones en los costos de materiales e insumos. La nueva normativa permitiría que las partes establezcan mecanismos para ajustar los pagos de acuerdo con las “fluctuaciones reales del mercado”.

Además, la reforma contempla eliminar la obligación de finalizar los proyectos inmobiliarios en un plazo máximo de 24 meses, una restricción que, según sus impulsores, limitaba el desarrollo de nuevas construcciones.

Infante también señaló que el proyecto busca incentivar la participación de la banca pública y privada mediante créditos destinados a proyectos habitacionales, con el objetivo de reducir obstáculos regulatorios y facilitar nuevas inversiones en el sector.

Desde la oposición, la diputada Alejandra Rodríguez destacó la importancia de actualizar el marco legal inmobiliario y consideró que la reforma puede representar una oportunidad para alcanzar un equilibrio entre el derecho a la vivienda, la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el estímulo a la inversión.

Rodríguez pidió que durante la etapa de consulta pública sean escuchados todos los sectores involucrados, incluyendo propietarios, inquilinos, cámaras inmobiliarias, empresas constructoras y especialistas del área. “Un marco legal sólido solo puede construirse a partir del diálogo y la participación amplia”, afirmó.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que el país necesita aproximadamente 25.000 viviendas para las familias que perdieron sus hogares por los terremotos de junio. También anunció la realización de un censo biométrico en refugios temporales de Caracas, Miranda y La Guaira, este último el estado más afectado, con el objetivo de determinar con mayor precisión la cantidad de viviendas necesarias.

La reforma forma parte de la respuesta oficial para atender la emergencia habitacional generada por los movimientos sísmicos y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.