Trump vuelve a la carga contra la Corte Penal Internacional: Estados Unidos sancionó a su presidenta

La administración de Donald Trump profundizó este martes su enfrentamiento con la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer sanciones contra su presidenta, Tomoko Akane. La medida representa un nuevo capítulo en la ofensiva de Washington contra el tribunal con sede en La Haya.

La decisión fue instrumentada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Junto con Akane también fue incluido en la lista de sancionados el funcionario Abdoulaye Seye.

A partir de la medida, quedan bloqueados los bienes, activos y participaciones financieras que Akane pueda mantener bajo jurisdicción estadounidense. Al mismo tiempo, las personas y empresas de Estados Unidos tienen prohibido, salvo excepciones autorizadas, realizar operaciones comerciales o financieras con los individuos alcanzados por las sanciones.

Washington impone nuevas restricciones

El Departamento del Tesoro estableció además un plazo excepcional para permitir el cierre de determinadas operaciones que ya estuvieran vinculadas con las personas sancionadas.

La autorización contempla la posibilidad de completar transacciones necesarias para liquidar negocios relacionados con Akane y Seye hasta las 12:01 del 17 de septiembre de 2026. Una vez cumplido ese plazo, las restricciones continuarán vigentes de acuerdo con el régimen de sanciones.

El mecanismo también establece condiciones para cualquier pago que tenga como destinatario a una persona incluida en la lista. En esos casos, los fondos deberán ser depositados en una cuenta restringida dentro de Estados Unidos y permanecer allí bajo las condiciones fijadas por las autoridades.

La autorización emitida por OFAC aclara, además, que esta excepción no permite realizar operaciones con otras personas que hayan sido sancionadas dentro del mismo régimen.

Las empresas vinculadas también quedan alcanzadas

Las restricciones no se limitan exclusivamente a los bienes registrados directamente a nombre de Akane o Seye. También abarcan a compañías en las que cualquiera de los dos tenga, de manera directa o indirecta, una participación accionaria igual o superior al 50%.

De esta manera, Washington amplía el alcance económico de la decisión y busca impedir que los sancionados puedan operar mediante sociedades bajo su control.

La medida contra Akane se suma a las acciones impulsadas por el gobierno de Trump contra la Corte Penal Internacional, en un conflicto que enfrenta a Washington con el organismo judicial internacional por sus investigaciones y decisiones.

Con las nuevas sanciones, la tensión entre Estados Unidos y la CPI vuelve a aumentar y coloca a la presidenta del tribunal en el centro de la disputa entre la administración estadounidense y la institución judicial con sede en La Haya.