La presidente de Perú, Keiko Fujimori, mantiene desde hace días visitas a diversas entidades estatales. Correcto proceder de la autoridad presidencial. Esperemos que el Poder Ejecutivo sea consciente de que muchas de esas entidades estatales simplemente son monumentos a la ineficiencia y derroche de recursos estatales y su destino sería una lustración efectiva. Una profunda reforma estatal es necesaria y millones votaron por ese motivo. De lo contrario, en cinco años seguiremos con un estado sobredimensionado e inútil.
El grupo terrorista Sendero Luminoso sigue vigente. Y la libertad de expresión es su enemigo número uno. Ayer, el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú (JP), denunciado y capturado en 1987 por realizar atentados terroristas, lanzó una amenaza a la prensa y señaló que la libertad de expresión no debe existir. Se enfrentó desafiante a la prensa y dijo: «Con mi cargo de senador haré lo que quiera». Y no es el único, pues también están en el Congreso César ‘Tito’ Rojas, Serafín Andrés, Ernesto Zunini, de la misma línea pro Sendero Luminoso. La democracia peruana es, sin dudas ,una democracia boba.
La Comisión de Ética del Congreso de Perú no pudo instalarse. Un auténtico sabotaje político del diputado Harvey Colchado, del partido de izquierda Ahora Nación, frustró la instalación. Se observa una auténtica actitud de sabotaje de la oposición contra el Congreso de la República.


Ayer, una congresista llegó en bicicleta al Congreso y reclamó por no poder estacionarla. ¿Es ese un problema prioritario para el país? Tenemos un fenómeno de El Niño en ciernes y la delincuencia transnacional de todos los días. Este Congreso no será un ejemplo de virtudes cívicas y menos intelectuales. Esperamos no estar en lo correcto.
En tanto, se comprueba que la Fiscalía y el Poder Judicial precisan de una reforma urgente. El Poder Judicial tiene un promedio de seis años por caso, cuando los códigos ordenan que el plazo máximo es de cinco, nueve o 16 meses. Y en la Fiscalía pululan los fiscales de izquierda que se niegan a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional.
Fuente: PanamPost

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