Cárceles chilenas colapsan: indultos y tobilleras electrónicas surgen como opciones para reducir la crisis

Las cárceles chilenas están sin capacidad para recibir un recluso más. Sus infraestructuras colapsan ante el inédito registro de 65000 reos en el último conteo nacional. La cifra, que rebasa la capacidad de albergue para 42000 reos, obliga al Estado a considerar la activación de mecanismos de egreso anticipado, como indultos y el uso de tobilleras electrónicas, para reducir la presión en los 88 recintos en funcionamiento.

Tomar ambos caminos o uno de ellos frente al casi 50 % de hacinamiento —que implica tener más de 20000 privados de libertad adicionales a las plazas disponibles— presiona al gobierno de José Antonio Kast, según publica El Mercurio. 

Apostar por la expansión del uso de tobilleras electrónicas, implementado en 2014 para condenados por delitos no violentos, es la estrategia más práctica. El porcentaje de vulneración del sistema oscila en torno al 2 %. Este recurso se dirigiría a los detenidos de bajo compromiso delictual, con redes de apoyo y trabajo.

El impacto en las cárceles chilenas sería inmediato, si se tiene en cuenta que los 90000 dispositivos activados —4200 vigentes— arrojan un 0,3 % de índice de corte de correa, manipulaciones indebidas o intentos de fuga.

Además el costo es significativamente menor al encierro cuando la manutención de un prisionero demanda 980 dólares mensuales, ocho veces más que el subsidio de un estudiante de enseñanza media, mientras que el costo del monitoreo de una tobillera electrónica no supera los 120 dólares mensuales.

Beneficio complejo
La directora del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica (UC), Francisca Werth, advierte que «el hacinamiento no puede esperar los plazos de la infraestructura. Aunque es indispensable avanzar en ello, hoy cabe mirar posibles acciones de gestión para liberar cupos».

Desde esa posición, el exministro de Justicia Hernán Larraín destaca que «el indulto general» es viable. El Congreso aprobó en 2012 el beneficio a 6000 reos —1066 de ellos extranjeros— para descongestionar las cárceles. La medida se tomó de nuevo durante la pandemia para excarcelar a 1300 presos con alto riesgo de contraer coronavirus.

El Tribunal Constitucional accedió en casos de mayores de 75 años, madres de hijos menores de dos años y embarazadas, quienes podrán cumplir el resto de su condena en sus domicilios.

Concesiones para paliar la crisis
Otras propuestas para mitigar el colapso en las cárceles chilenas incluyen la creación de recintos de reinserción como los Centros de Educación y Trabajo. A ellos se derivarían los «primerizos de baja peligrosidad», pero el foco clave es construir más recintos.

Ya el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, impulsa iniciativas en esa dirección. La preocupación por un motín nacional al interior de los establecimientos está latente. Rabat lo reconoce. Insiste en la necesidad de destinar al menos 3000 millones de dólares para sumar 20000 nuevas plazas penitenciarias, con proyectos en Copiapó, Calama y Antofagasta.

El tiempo juega en contra para la ejecución de los diez proyectos que contemplan el levantamiento de las nuevas sedes. En el caso de la construcción del penal El Arenal en Copiapó, que abarcaría 76000 metros cuadrados y contaría con 15 módulos de reclusión, sectores de máxima seguridad y tecnología especializada para el control de accesos y comunicaciones comenzará a ejecutarse en 2028, mientras que el centro penitenciario de Calama aún está en licitación.

La presión recae ahora en el ministerio de Obras Públicas, en la agilización de los procedimientos de concesión y licitación, así como del ministerio de Hacienda, para el desembolso de los recursos.

Fuente: PanamPost