Síndrome de Hubris: cómo abordar la crisis del Poder Judicial en Perú

La crisis del Poder Judicial en Perú es terminal y no hay propósito de enmienda. Ayer se celebró el día del juez. La presidente del Poder Judicial, Janet Tello, exigió respeto a la independencia de poderes. Eso es correcto en cuanto los poderes funcionen bien, pero no ante un Poder Judicial cuyos jueces no obedecen al Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la ley. No en un Poder Judicial donde los jueces no respetan el principio de presunción de inocencia o se consideran luchadores contra el crimen y envían a la cárcel a inocentes a diario. Jueces que prefieren defender a los criminales por razones como «no tuvieron una familia» y liberan sicarios y extorsionadores.

Adicionalmente, los procesos judiciales en Perú pueden durar hasta una década, cuando los códigos establecen siete meses de duración. En tanto no tengamos un Poder Judicial que obedezca al Tribunal Constitucional, no tendremos un país viable.

Sendero Luminoso, mediante sus organizaciones de fachada Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) o Frente de Trabajadores de la Educación (FENATEC), sigue siendo un peligro para la democracia peruana. Cesar Tito Rojas, diputado de Juntos por el Perú (JP), partido del excandidato izquierdista Roberto Sánchez y fundador del MOVADEF, integraría la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. La democracia peruana demuestra ser una democracia boba, pues permite situaciones como la descrita.

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Por otro lado, un estudio de la Defensoría del Pueblo, referido al funcionamiento y eficacia de las fiscalías de lavado de activos, muestra una estadística aterradora: del 100 % de denuncias fiscales, solo 2,4 % tienen sentencias favorables a la Fiscalía, es decir, se prueba la existencia de delito. El porcentaje restante establece inocencia en la sentencia y los inocentes terminan pasando más de cinco años en la cárcel y perdiendo todos sus bienes.

Tengamos presente que la hoy presidente de Perú, Keiko Fujimori, fue acusada de lavado de activos y el Tribunal Constitucional, como máxima corte del Poder Judicial, sentenció que la acusación fiscal era una fantasía. Se impone romper la politización de la Justicia, impuesta durante los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, en complicidad con algunas ONGs.

Purga vs meritocracia
En el palacio presidencial sigue la purga de excelentes funcionarios con años de experiencia por elementos del partido de gobierno, con graves acusaciones no resueltas e inexpertos en sus nuevos puestos de trabajo. Resulta desalentador que la nueva Administración no respete la meritocracia y la experiencia de años, acumulada en servidores públicos. Eso contribuye a aislarse de la realidad y rodearse de acólitos, formula ideal para el fracaso.

Además, sigue el nombramiento de nuevos directores de entidades estatales, la mayoría de ellas en estado agonizante, por años de malos manejos. Existen organismos con más de 25 jefes en 25 años de existencia y cada administración ha dejado sus partidarios y funcionarios sumiendo a esas entidades estatales en la inoperancia y con miles de burócratas que succionan el presupuesto público. Se impone un empezar de cero. ¿Se atreverán las nuevas autoridades o seguirán en la inercia que recibieron?

Fuente: PanamPost