Cómo descolonizar Bolivia con instructores españoles

Las revoluciones suelen tener un pequeño problema de origen: casi nunca son tan autóctonas como proclaman. La Revolución Francesa bebió de los filósofos escoceses e ingleses; el marxismo ruso fue una importación alemana; el maoísmo, una adaptación oriental de una doctrina europea. Bolivia no podía ser la excepción.

La gran paradoja del llamado “Proceso de Cambio” es que la más ambiciosa revolución anticolonial de América Latina terminó siendo, en buena medida, un experimento intelectual concebido en España.

Durante dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) presentó su proyecto como la culminación de una larga lucha contra la herencia colonial. La Constitución de 2009 prometía sustituir la República por un “Estado Plurinacional” inspirado en las cosmovisiones indígenas. La democracia liberal era denunciada como una imposición occidental; la ciudadanía universal, un artificio colonial; y las instituciones republicanas, instrumentos de dominación.

Sin embargo, buena parte de la arquitectura conceptual de aquella revolución fue elaborada por académicos y asesores españoles vinculados a la nueva izquierda española, varios de los cuales terminarían más tarde medrando del gobierno de Pedro Sánchez.

La ironía es exquisita: una revolución destinada a liberar a Bolivia del colonialismo acabó dependiendo de intelectuales europeos para explicar a los bolivianos quiénes eran y cómo debían gobernarse.

Con los años ha quedado claro que el “proceso de cambio” fue algo más que un proyecto doméstico. Fue un ejercicio de ingeniería social diseñado en laboratorios ideológicos españoles, ejecutado con el respaldo de la inteligencia cubana y sostenido, en sus primeros años, por la generosidad petrolera de la Venezuela chavista.

Una reciente investigación judicial en España, que ha llevado a la imputación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de corrupción relacionados también con Bolivia y ejecutados con la complacencia del gobierno de Luis Arce, ha resucitado el papel de la izquierda española todo el período del MAS. Vista en retrospectiva, fue un capítulo, hasta hoy ignorado, del ambicioso proyecto del socialismo del siglo XXI: construir una suerte de falansterio en el corazón de América del Sur.

Los orígenes de esta empresa se remontan a la Asamblea Constituyente de 2006. Investigaciones periodísticas y académicas han documentado la influencia de asesores españoles próximos a Podemos en la elaboración de la Constitución Política del Estado del nuevo régimen, incluido el concepto de «Estado Plurinacional», curiosamente emparentado con el léxico de ciertos nacionalismos periféricos españoles. El experimento tenía algo de ironía imperial: antiguos europeos enseñando a los colonizados cómo pensar y cómo gobernarse.

Pero la importación no se limitó a las ideas. También alcanzó a los símbolos. Se promovieron o inventaron festividades como el Año Nuevo Aymara, emblemas  y narrativas destinadas a crear, mediante la impostura, una identidad indígena unificada y políticamente funcional. Se fabricaron tradiciones, se elevaron mitos a la categoría de políticas públicas y se confundió la reivindicación cultural con la invención histórica. Pocas veces una identidad fue tan celebrada en el discurso y tan instrumentalizada en la práctica.

La Constitución de 2009, redactada por asesores españoles, dirigidos por un profesor de la Universidad de Valencia, Roberto Viciano, terminó siendo un curioso híbrido: extraordinariamente garantista en el papel y crecientemente autoritaria en su aplicación. Consagró una extensa lista de derechos mientras debilitaba los mecanismos destinados a protegerlos. Exaltó la democracia participativa, pero erosionó la independencia judicial; proclamó la inclusión, pero concentró el poder.

Estos oscuros entramados de “consultoras” y de tráfico de influencias entre el experimento boliviano y la izquierda española, fueron apareciendo gradualmente a plena luz. Investigaciones periodísticas han documentado la influencia de estos asesores españoles en la construcción doctrinal del Estado Plurinacional, realizadas a través de “consultorías” pagadas por Venezuela y Bolivia, incluyendo aquellas utilizadas para financiar a Podemos, a través de la empresa mexicana Neurona; así como las gestiones poco transparentes de Repsol con los gobiernos del MAS, investigaciones que deberían reabrirse en Bolivia. Los cabos sueltos parecen unirse en un relato mucho más amplio que el de simples afinidades ideológicas.

La presencia española se extendió incluso a momentos decisivos de la crisis boliviana: el respaldo de dirigentes de Podemos y del expresidente Zapatero a las irregularidades electorales de la elección de 2019, evidenciadas por la OEA y por la Unión Europea. Otro caso que requiere investigación es el del Informe realizado por un profesor de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, para negar el fraude electoral de Evo Morales en 2019, contratado por la Fiscalía boliviana. Posteriormente El País de España presento numerosas evidencias de fraude académico de Corchado.

Mientras tanto, Bolivia avanzaba hacia una progresiva demolición de las instituciones republicanas. La justicia fue capturada por intereses partidarios, los organismos de control perdieron autonomía y la ley dejó de ser un límite al poder para convertirse en una de sus herramientas.

El drama boliviano es, en última instancia, la de un país que intentó corregir los defectos de la República debilitando precisamente las instituciones republicanas. Se prometió descolonizar el poder y se terminó concentrándolo. Se prometió empoderar a los ciudadanos y se fortaleció al Estado. Se prometió una democracia más participativa y se erosionaron los contrapesos que hacen posible la libertad.

Las revoluciones suelen fracasar por razones económicas. El experimento boliviano añadió una innovación menos común: fracasó también por exceso de ingeniería constitucional y por la ilusión de que el colectivismo podía sustituir a las instituciones.

La verdadera descolonización quizá consista en algo mucho menos romántico y bastante más difícil: aceptar que ningún pueblo se emancipa reemplazando unas ortodoxias por otras y que la libertad política depende, al final, de unas pocas y obstinadas ideas republicanas: límites al poder, jueces independientes y ciudadanos iguales ante la ley.

Fuente: PanamPost