Modificación de la Ley de Glaciares: otro paso en favor del desarrollo y del federalismo

«Con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible». Las palabras del diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz expresaron el núcleo de la defensa del oficialismo a la modificación de la Ley de Glaciares, cuya votación llegó recién en la madrugada de hoy.

Con cómodos 137 votos a favor y con 111 en contra del kirchnerismo y la izquierda, el oficialismo consiguió sancionar otra importante normativa que viene a complementar la batería de reformas estructurales de la actual gestión. Desde el triunfo en las elecciones de octubre del año pasado, el espacio de Javier Milei no deja de cosechar victorias parlamentarias. Entre ellas se destacan la ley de modernización laboral y la baja de edad imputabilidad, iniciativas que aislaron al kirchnerismo más duro, que no deja de juntar derrotas legislativas en un momento complicado de la oposición.

Desde las 10 de la noche que los números ya estaban asegurados en la Cámara de Diputados, momento en el que ingresó al palco la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para presenciar los últimos discursos y el momento de la votación.

En el marco de los discursos, la bancada peronista dejó en evidencia el momento de extravío que atraviesan. Por un lado, Miguel Ángel Pichetto, que pide una nueva versión justicialista «capitalista» se limitó a argumentar que la modificación no era necesaria. Por su parte, el extremista de izquierda Juan Grabois dijo que ahora las empresas van a comenzar a «envenenar el agua».

Con la modificación, el gobierno nacional pasa a delegar en las provincias criterios propios de inversión y protección ambiental. Para el oficialismo, la iniciativa viene a fortalecer lo que consideraron como un «federalismo ambiental«. A partir de ahora, cada provincia tendrá la potestad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que antes estaban totalmente vedadas. Siguen estando protegidos los glaciares y ambientes periglaciares que cumplan «funciones hídricas», lo que refuta las posiciones de la oposición manifestadas por legisladores como Grabois.

En líneas generales, se cambia lo que se conoce como un «sistema de prohibiciones generales» para pasar a uno más razonable de evaluaciones de impacto, donde caso por caso será analizado por los gobiernos provinciales, que podrán definir, autorizar o rechazar actividades productivas.

Fuente: PanamPost