Secuelas chilenas de la moderación progre

La nueva doctrina de seguridad estratégica de los Estados Unidos radicaliza el injerencismo político y el intervencionismo militar sobre lo que Washington caracteriza despectivamente como su “patio trasero”. El terrorismo mediático, por su parte, ha propiciado un clima funcional a las ultraderechas regionales que renovaron su confianza en los mercados a partir del despliegue de tropas en el Caribe y la ampulosidad cortoplacista de Donald Trump. En Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá y Honduras se desplegaron misiles arancelarios y mediáticos, cargados con ojivas algorítmicas y extorsivas. La segunda vuelta electoral en Chile se inserta dentro de ese intento brutal de reconfiguración continental que, sin embargo, exhibe inconsistencias estratégicas.

En la primera vuelta, llevada a cabo el 16 de noviembre último, la candidata comunista Jannette Jara obtuvo casi el 27 por ciento de los sufragios, mientras que el neofascista José Antonio Kast alcanzó un porcentaje cercano a los 24 puntos porcentuales. Los tres candidatos que ocuparon el tercer, cuarto y quinto puesto se distribuyen dentro del arco reaccionario. En ese marco, la sumatoria de los votos de Kast y los tres aspirantes que le sucedieron en la primera vuelta presagia el triunfo del hermano de quien fuera ministro de planificación, de trabajo y presidente del Banco Central durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sus antecedentes familiares incluyen el ser orgulloso hijo de Michael Martin Kast Schindele, un integrante de las juventudes hitlerianas, que su hijo nunca repudió. Su padre, Michael, bautizó a su hijo como José Antonio en recuerdo de Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española, colectivo fascista que Francisco Franco catapultó al poder, provocando un millón de muertos.

Esos lazos identitarios no lo abandonaron: en una entrevista de 2017, cuando se presentó por primera vez como candidato a presidente, Kast afirmó que “si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí”. Cuatro años después, en 2021, el líder del Partido Republicano gestionó indultos para algunos de los reclusos del penal de Punta Peuco, donde cumplen sentencias los genocidas y torturadores más feroces del periodo pinochetista. En términos de sus vínculos con la Internacional Reaccionaria, Kast se inscribe en la denominada Red Política de Valores, la plataforma impulsada por el exministro español Jaime Mayor Oreja, que congrega a propagandistas de la extrema derecha de Europa y América. Su programa global incluye el cuestionamiento de las leyes de interrupción del embarazo, del divorcio y de toda perspectiva de género. En forma paralela, son promotores de los discursos xenófobos, racistas, anticientíficos (impugnan la vacunación obligatoria), al tiempo que difunden las Teorías del Gran Reemplazo, basadas en la existencia secreta de una conspiración global para sustituir a la población anglosajona por asiáticos y africanos. Kast es, además, integrante —al igual que Donald Trump, Javier Milei y Giorgia Meloni— de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

La candidatura de Jannette Jara ha estado atravesada por el estrepitoso fracaso político de Gabriel Boric, quien ganó las elecciones en diciembre de 2021, encaramado en el Estallido Social de 2019 y 2020. Su camino hacia la presidencia estuvo marcado por tibiezas, moderaciones y traiciones. Obtuvo la candidatura el 18 de julio de 2021 luego de ganar una elección primaria contra el postulante comunista Daniel Jadue. Para lograr esa nominación, Boric contó con el apoyo subrepticio (pero evidente) de partidos y referentes de la derecha chilena, que lograron taponar la llegada de Jadue, entonces alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta. El militante comunista —expresión consecuente del Estallido Social de 2019— se constituyó, a partir de ese momento, en otra de las víctimas latinoamericanas de la criminalización política (Lawfare), avalada por el silencio timorato de Boric.

El gobierno de la coalición Apruebo Dignidad, que llevó a la presidencia a Boric en marzo de 2022, apostó gran parte de su capital político a la reforma de la Carta Magna instaurada por Pinochet en 1980. En 2021 se había conformado una Convención Constitucional que fue condicionada estructuralmente por la derecha, al privarle de sus facultades resolutivas. Las luchas fratricidas, la creencia de que el independentismo de izquierda podía lograr por sí mismo una propuesta movilizadora, el abandono de la direccionalidad política por parte del Frente Amplio. La extorsión de los mercados y el rol difamatorio de los medios de comunicación corporativos contribuyeron de forma mancomunada a generar la desaprobación de la propuesta en el plebiscito de septiembre de 2022. Esa derrota destruyó la capacidad de Boric de impulsar el programa reformista y arrastró a la coalición a otra reforma constitucional –esta vez liderada por la derecha– que también fue desechada en diciembre de 2023. La conclusión de ambos rechazos fue la supervivencia de la Carta Magna pinochetista, sobreimpresa como testimonio de la dilapidación del capital político acumulado por el movimiento popular a partir de 2019.

Al igual que en Argentina, donde el gobierno de Alberto Fernández se negó a cuestionar el endeudamiento externo mientras negociaba con las cacatúas mediáticas, Boric contribuyó a afianzar la denominada “ley del péndulo”. Dicho dispositivo le permite al sistema hegemónico el tránsito por la misma autopista neoliberal, aunque en carriles de mayor o menor velocidad. Dicha ruta ha sido funcional a los intereses del Occidente supremacista, que aplaudió enfervorizada las posturas del gobierno chileno respecto a Cuba y Venezuela, sumándose a los postulados injerencistas que violan el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Esa orientación también fortaleció a la derecha doméstica que vio espacio para ampliar su narrativa trumpista, cargada de xenofobia. Por otra parte, el alineamiento cómplice del presidente chileno con el europeísmo rusofóbico, que condenó a la Federación Rusa por defenderse frente a 32 países de la OTAN, también situó a su mandato como participante de un globalismo hipócrita, que juzga al mundo desde un prisma occidental, funcional a sus intereses hegemónicos.

Esa misma “mesura de librepensador bienintencionado” es la que estructuró la campaña electoral en la que Jannette Jara juega con cartas destrozadas. Entre los ejes del debate público se tematizan la inseguridad, ligada al incremento de la delincuencia violenta, y los procesos migratorios. Siendo el “pánico criminal” una de las dimensiones que más condicionan actualmente el sufragio, ¿por qué los colectivos emancipatorios suelen instalarse en un lugar de incomodidad frente a las demandas de control del delito, exigidas por trabajadores, las víctimas más numerosas de esa calamidad? Probablemente por la misma razón endeble por la que Boric no tuvo la convicción de enfrentarse a los poderes concentrados ni al universo simbólico que le da cobertura. La moderación es el hecho maldito de la progresía latinoamericana.

Fuente: Página12