Perú: Castillo denunció a un centenar de diputados y a Boluarte por su destitución

El expresidente peruano Pedro Castillo denunció por abuso de autoridad, nombramiento y aceptación ilegal de cargo público a 100 congresistas y su sucesora Dina Boluarte por haber sido destituido en 2022 con menos votos que los reglamentarios, de acuerdo a la denuncia publicada por medios locales. Castillo también confirmó que será candidato a senador para las próximas elecciones generales en 2026, bajo el partido Juntos por el Perú (JP).

El expresidente peruano ya había presentado una denuncia similar en 2023 ante la Fiscalía de la Nación, que fue archivada por falta de pruebas, pero su abogado Javier Adrianzén introdujo ahora el argumento de la insuficiencia de votos para aprobar su vacancia, según el oficio publicado por el diario La República y el Canal N.

Castillo sostiene que el Congreso aprobó su vacancia con 101 votos cuando la ley exige 104, correspondientes a las cuatro quintas partes del número legal de parlamentarios, lo que convertiría su salida del cargo en un acto nulo. La presentación, realizada ante el fiscal general encargado Tomás Gálvez, apunta a los delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal y aceptación ilícita de cargo público por parte de la expresidenta transitoria y quienes avalaron el proceso.

“Se violó el reglamento del Congreso y se atropelló la voluntad popular”, señaló Castillo a través de su equipo en la red social X. “Esta denuncia es por el maestro, el campesino, el obrero y el estudiante que siguen resistiendo frente al abuso y la mentira”, agregó el expresidente de Perú.

Una vacancia bajo sospecha
El 7 de diciembre de 2022, en medio de una confrontación abierta entre el Ejecutivo y el Parlamento, el Congreso aprobó la vacancia de Castillo en una sesión acelerada, sin permitirle ejercer su defensa ni designar abogado. De inmediato el Legislativo tomó juramento a Boluarte, entonces vicepresidenta del denunciante, quien asumió el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas y sin que mediara una revisión constitucional del proceso.

Boluarte permaneció en el cargo hasta octubre pasado, cuando fue destituida y encarcelada en el marco de las investigaciones por las decenas de muertos durante la represión a las protestas sociales que acompañaron a su asunción y se extendieron hasta febrero de 2023. Para su desplazamiento, el Congreso logró 122 votos.

Tras denunciar un golpe de Estado en su contra, Castillo abandonó el Palacio de Gobierno con su familia rumbo a la embajada de México en Lima, pero fue detenido en el camino por su propia escolta. Desde entonces está recluido en el penal de Baradillo.

“La voz del pueblo profundo”
A pesar de su encarcelamiento, Castillo mantiene su actividad política. Este jueves el partido Juntos por el Perú (JP) anunció su candidatura al Senado para las elecciones generales de 2026, encabezando la lista nacional. La postulación fue confirmada por Roberto Sánchez Palomino, exministro de su gabinete y actual congresista, quien será el candidato presidencial de la misma agrupación.

“La candidatura de Castillo representa la voz del pueblo profundo, el reclamo de justicia y dignidad frente a la persecución política que todos conocemos”, declaró Sánchez al diario La República.

Castillo, que gobernó entre julio de 2021 y diciembre de 2022, se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, acusado de “rebelión” y “conspiración”. Su defensa sostiene que se trata de un proceso político destinado a excluirlo de la vida pública, en un país que ha tenido seis presidentes en siete años y atraviesa una prolongada crisis de legitimidad institucional.

Un país en disputa
El actual presidente interino, José Jerí, intenta encauzar un escenario signado por el descrédito político, las fracturas sociales y los conflictos diplomáticos con México, luego del asilo otorgado a Betssy Chávez, la exprimera ministra de Castillo. Lima llegó incluso a romper relaciones diplomáticas con Ciudad de México esta semana, denunciando una supuesta injerencia.

En un país donde el fujimorismo ejerce una influencia persistente en el Congreso, la capacidad del Ejecutivo para gobernar generó condiciones de “bloqueo político” que denunciaron distintos presidentes, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta el propio Castillo.

Mientras tanto, figuras de la vieja coalición fujimorista y sectores conservadores del Congreso impulsan la inhabilitación de Castillo para impedir su candidatura, en un clima que recuerda la permanente judicialización de la política peruana, que ya ha destituido a seis presidentes con este procedimiento de vacancia.

Desde su celda, Castillo insiste en que su caída fue producto de una “conspiración parlamentaria” que consolidó un modelo de exclusión y persecución contra los movimientos populares. “No me rindo ni me callo”, escribió el mandatario en su última comunicación pública.

Si la Fiscalía decide admitir la denuncia, podrían abrirse diligencias contra un centenar de legisladores, incluidos algunos del partido que originalmente lo llevó al poder, y reabrirse el debate sobre la legitimidad de la destitución presidencial de Castillo, que marcó un punto de inflexión en la crisis política peruana.

Su mandato fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana, una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno -con más de 70 ministros- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.

Fuente: Página12