Centros para menores se convierten en blanco de corruptos y depredadores sexuales en Chile

Vivir en el hogar Hare O Tatou —”la casa de nosotros”, en lengua rapanui— es una pesadilla. Los niños y adolescentes que ingresan a esta institución tutelada por el Estado chileno en Isla de Pascua, luego de que un tribunal ordene su albergue permanente o durante las noches, sufren por la exposición al asbesto de los techos, la falta de separación etaria, de privacidad y una precaria atención para su salud mental.

La alta rotación del personal y la baja dotación de funcionarios del establecimiento ubicado en la zona más insular de la nación, a 3700 kilómetros de la costa chilena, expone la crisis interna del Servicio Mejor Niñez que se extiende al territorio nacional.

Sobre lo que ocurre en Isla de Pascua, la fundación Niño y Patria afirma que “la residencia funciona en un territorio insular con condiciones logísticas y sociales muy complejas como el alto costo de vida, el aislamiento, la falta de redes familiares y la escasa oferta de profesionales especializados en la isla impactan directamente en la estabilidad del equipo”, así lo plantearon a BioBio.

Servicio en crisis

Si bien la Defensoría de la Niñez calificó el año pasado como “urgente” el arreglo a los problemas que presenta la residencia, el panorama persiste sin solución a corto plazo, considerando que el manejo del asbesto —mineral prohibido en el país por ser agente cancerígeno— requiere una manipulación y traslado especial cuyo costo asciende a 500.000 dólares.

La situación convierte al Servicio Mejor Niñez en una bomba de tiempo. A sus deficientes operaciones se suma que la institución también entró en el radar de la investigación del Caso Convenios de la Fiscalía, que indaga la entrega de 450 millones de dólares a fundaciones aliadas del gobierno de Gabriel Boric, tras adjudicar —por medio de trato directo— la administración de una residencia de menores a una organización con menos de un año de experiencia.

Las pesquisas indican que se rescindió el contrato a la Corporación Ayuda y Protege al Niño para otorgarlo a la Fundación Reñma, con el fin de que esta dirigiera el Hogar Piukeyen, ubicado en el sector de Huertos Familiares en San Pedro de la Paz, zona perteneciente a la Región del Biobío.

Explotación sexual interna
Mientras el Ministerio Público recauda antecedentes sobre las irregularidades en torno a estas asignaciones, Anuar Quesille, actual defensor de la niñez, admite que un informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados detectó casos reiterados y de larga data en el sistema de abuso y explotación sexual a niños y adolescentes bajo la tutela del Estado.

Actualmente, se reportan 115 posibles víctimas de explotación sexual comercial durante sus estadías en las casas de la Mejor Niñez. Cada uno está detallado en 98 querellas presentadas por el Programa Mi Abogado, de la Corporación de Asistencia Judicial, pero hasta ahora solo hay un formalizado.

Sin embargo, la cifra crece a 545 víctimas al sumar los delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil. De estas, más del 90 %,es decir, 494 menores, son niñas cuyas edades oscilan entre 13 y 16 años.

Al respecto, Quesille reconoce que las redes “ven en los centros de protección un blanco fácil para su acción, lo que transforma a las residencias de protección en espacios de riesgo de vulneraciones más graves”. Osorno es el último epicentro de estas operaciones. 

Protección sin garantías 
El panorama del Servicio Mejor Niñez es crítico no solo por la precariedad de su funcionamiento en la isla de Pascua sino en el territorio nacional con el cese del programa Red Calle Niños y Noche Digna, cuyas bajas del presupuesto 2025 llevaron a la Defensoría de la Niñez a interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez.

También el diputado Stephan Schubert ofició a las tres instituciones para exigir respuestas luego de conocerse que de las 248 residencias que funcionan en Chile, entre ellas la de isla de Pascua, el 90 % pertenece a privados que participan de las licitaciones de programas para niños vulnerados.

Todas tienen las arcas rotas al registrar, en promedio, un déficit de 26 % en sus gastos operacionales tras recibir en promedio unos 250 dólares por el cuidado de cada niño o adolescente derivado a sus instalaciones por un fallo judicial.

Ya 43 residencias cerraron sus puertas en 2023, mientras las demás, acogen a más niños de los que deberían. Según Mejor Niñez, son 118: el 48 % de los que existen actualmente en la red.

Fuente: PanamPost