Uribe Turbay y las verdades sobre su atentado

Desde Medellín

Al norte de Medellín, en una casita rural donde padecía su secuestro, Diana Turbay -periodista y mamá de Miguel Uribe- fue asesinada por la mafia en 1991, cuando fuerzas del Estado intentaron rescatarla y los soldados de los narcos eligieron sacrificarla. Las horas amargas se repiten hoy en las familias Uribe y Turbay tras el atentado al político del Centro Democrático el pasado sábado. El senador Uribe Turbay sigue con pronóstico reservado en una clínica de Bogotá, mientras el país se regodea en enérgicos mensajes de rechazo a la violencia política y especulaciones sobre los posibles autores del crimen.

Sin fundamentos, líderes políticos aseguraron tener información acerca de que el grupo ilegal con mayor presencia en el país, el Clan del Golfo, sería el responsable del atentado; en la otra orilla, alias “Iván Mordisco” y su disidencia guerrillera también fueron puestos sobre la mesa como posibles autores. Otras voces han incluso apuntado sin material probatorio alguno que el mismo presidente podría estar detrás de la tragedia. Todo son conjeturas polarizantes y culposas en medio de pedidos por cesar la convocatoria a la Consulta Popular del Gobierno del Cambio para impulsar la reforma laboral negada en Congreso, y el saboteo a reuniones del Alto Gobierno para estimar medidas amplias que garanticen el ejercicio de la política en las elecciones que, desde ya, crispan el clima y el orden público en el centro y las regiones del país.

Lo cierto es que el arma con la cual fue atacado el parlamentario fue comprada en Arizona, Estados Unidos, un 6 de agosto del año 2020, según informó ayer la Policía, que indaga además por la forma en que ingresó a Colombia y llegó a las manos de un joven menor de edad, de 15 años, que permanece también en un centro hospitalario de la capital colombiana. Se supo, además, que cuatro policías y escoltas de Miguel Uribe Turbay serán investigados para conocer si el esquema de seguridad presentó o no irregularidades. Y que hay más de 100 investigadores en el caso del senador. 

“Esas personas van a ser escuchadas para que rindan sus testimonios y se establezca todo lo que realizaron en el antes, el durante y el después del hecho”, declaró la Fiscalía horas después de que la familia de la víctima anunció que demandará a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por no haber aumentado los nueve hombres de protección y, según ellos, brindar las garantías necesarias al senador. El Director de dicha Unidad, un exmilitante del M-19 de confianza del presidente, aseguró que su entidad no tiene registros de pedidos de reforzamiento del esquema. “Lo que hay son solicitudes de apoyos a sitios a donde va”, dijo aclarando que pese a contar con más escoltas, el día del atentado el senador contaba solo con dos hombres por decisiones internas de su esquema.

El mismo presidente Petro aseguró ayer que la seguridad de Miguel Uribe habría sido reducida extrañamente el día del atentando, mientras especialistas en seguridad cuestionan por qué ninguno de sus  escoltas le guardaba la espalda al precandidato presidencial, cuya aspiración de llegar a la Casa de Nariño había sido abierta y constantemente criticada por su propia colectividad política, el Centro Democrático, y líder del poderoso gremio ganadero y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, José Félix Lafourie, quien le increpó en redes sociales su intención de hacerse elegir como candidato del partido de derecha a las próximas elecciones señalándole de haber invertido ya 50 millones de pesos colombianos (unos 13 mil dólares).

Desde su cama de hospital, al caer la tarde, el adolescente que le disparó a Miguel Uribe Turbay reafirmó su voluntad de aportar información sobre el crimen y se supo, gracias a información divulgada por agencias del Estado, que el joven habría sido contactado por una red de sicariato. La Fiscalía asegura que ha recopilado más de mil videos del día del atentado, desde el recorrido del victimario desde su lugar de residencia hasta el parque de la localidad de Fontibón, Bogotá, donde tuvo lugar el hecho criminal. A las cinco de la tarde, los noticieros de radio informaron que se suspendió la audiencia de imputación de cargos contra el joven porque un grupo de fiscales le interrogarían primero para obtener la mayor cantidad de información posible. “Hemos encontrado que está en total actitud de colaboración. Se requiere protección no solo de la información sino de él”, aseguró la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, quien ha insistido ante la opinión pública a la par con defensores de derechos humanos y constitucionalistas en que el sicario es un joven de origen popular instrumentalizado por terceros.

“Les doy los teléfonos”, “lo hice por dinero para mi familia”, repetía el chico tendido bajo el suelo después de su huida y de recibir un impacto de bala en la pierna. Su madre falleció, su padre viajó a Polonia para entrenarse como mercenario en la guerra de Ucrania, y sus tíos cuidaban de él en un barrio humilde de la capital colombiana. “Es importante referir que nosotros no estamos hablando de un procedimiento por vía ordinaria, sino que estamos hablando del sistema de responsabilidad penal de adolescentes (…) Los menores no están sometidos a las mismas sanciones y muchas veces es por esto que son instrumentalizados por las organizaciones criminales”, recordó la fiscal del caso ante los medios tras los múltiples cuestionamientos de la opinión pública por no dejar “caer todo el peso de la ley sobre el sicario”. La identidad del victimario ha sido otro de los focos de debate en medio de la tormenta que desató el atentado: En Colombia, el tercer país más desigual del mundo, las juventudes populares y en especial de las urbes con presencias de mafias y organizaciones criminales han sido históricamente protagonistas del crimen: magnicidios como el de Bernardo Jaramillo, como candidato presidencial de la Unión Patriótica, se han recordado en estas horas de convulsión pues su asesinato fue provocado por un menor de 15 años. Según el ICBF, solo el año pasado se reportaron 541 casos de reclutamiento infantil en el país.

Por su parte, la reunión convocada para ayer por el Ministerio del Interior para acordar las garantías a la oposición y la participación política sin violencias, fue desatendida por los partidos de oposición al gobierno aduciendo que se trata de temas para trabajar con la Policía y la Fuerza Pública, y no con el gobierno, recibiendo como respuesta del ministro Armando Benedetti que la misma se convocó como una instancia institucional, a la luz de la ley, y no como una fiesta menos aún ante los graves hechos. En este encuentro, el mandatario recibió a bien el llamado del Ministerio Público a desescalar su lenguaje para aminorar la polarización política actual. Al cierre de esta reunión de garantías electorales que se extendió hasta la noche, Petro señaló que la policía está altamente infiltrada por organizaciones criminales, y sugirió que podría estar involucrada en el atentado. 

Fuente: Página12