Cómo la corrupción carcome al gobierno de Petro: los 12 funcionarios en la mira

Las ordenes de captura emitidas este lunes por el Ministerio Público de Guatemala contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y contra el exministro de Defensa Iván Velásquez, hoy embajador del gobierno de Gustavo Petro ante el Vaticano, en el marco de una investigación contra una lista de personas vinculadas con el escándalo de corrupción de Odebrecht, abren nuevamente el debate en la opinión pública sobre la escasa moralidad de una gestión que prometía “cambio”.

 El propio Petro se refirió este martes a las órdenes de captura emitidas por la justicia guatemalteca, asegurando que el Ministerio Público del país centroamericano “obedece al crimen”. Por su parte, la involucrada fiscal colombiana, Luz Adriana Camargo, calificó la decisión en su contra como un “contraataque sin precedentes”. La Organización de Naciones Unidas (ONU), en voz de su secretario general António Guterres, aclaró que tanto Camargo como Velásquez gozan de inmunidad en lo relativo a su papel en la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).

Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores también rechazó la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, calificándola como “un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”. Sin embargo, pese a las aclaratorias de la ONU y las notas de protesta del gobierno colombiano, la noticia levantó polvo en el país sudamericano, pues sirvió para recordar que estos no son los únicos funcionarios del más estrecho círculo de confianza de Petro que están bajo investigación judicial por presunta corrupción.

Luz Adriana Camargo
Es la fiscal general de Colombia desde el 24 de marzo de 2024, tras ser electa por la Corte Suprema para suceder a Francisco Barbosa, quien terminaba su periodo, luego de un largo proceso que incluyó la renuncia de la candidata favorita de Gustavo Petro, Amalia Pérez Parra, por una polémica en torno a su esposo que salpicaba su aspiración. Fue entonces cuando surgió la figura de Camargo, que parecía alejada de controversias. Pero no fue así. Aunque hace un par de meses dijo con referencia al proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente, que “ese caso no se ha estancado”, ante la lentitud que se imprimió a esta investigación desde su llegada, debió responder a los señalamientos de haberse convertido en “la fiscal de bolsillo” del mandatario.

Ahora la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala le imputa los delitos de “asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión” por su presunta vinculación con la trama de corrupción de Odebrecht durante su trabajo como jefa del Departamento de Investigación y Litigio de la CICIG, entre 2014 y 2017, como mano derecha de Iván Velásquez, lo que ha derivado en una orden de captura por parte de la justicia guatemalteca contra ambos.

Iván Velásquez
Fue el ministro de Defensa de Colombia desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia el 7 de agosto de 2022 hasta el 20 de febrero de 2025, para ser nombrado dos meses y medio después como embajador ante el Vaticano. Desde su designación como titular de la cartera de Defensa, la justicia guatemalteca había lanzado advertencias sobre su idoneidad para el cargo, debido a su controversial paso por la CICIG en el país centroamericano, donde se desempeñó como jefe de este organismo como parte de un mecanismo de cooperación judicial internacional que, según la Cancillería colombiana, exige una “base probatoria sólida y procedimientos transparentes” para su imputación y orden de captura, “condiciones que claramente no se cumplen en este caso”.

Ya en 2023, el Ministerio Público de Guatemala había anunciado que emprendería acciones legales contra Velásquez por su gestión al frente de la CICIG. Ahora el fiscal general de ese país, Rafael Curruchiche, acusa a Iván Velásquez de haber permitido la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con directivos de Odebrecht, por lo que le imputa los mismos delitos que a Camargo y pide también su captura.

Armando Benedetti
No conforme con las investigaciones previas abiertas en su contra, tras estrenarse el 1 de marzo como ministro del Interior, sumó en poco tiempo una indagación preliminar por parte de la Procuraduría por su actuación contra el secretario general del Senado hace tres semanas durante la votación de la consulta popular propuesta por el Ejecutivo –que fue negada por esa plenaria– debido a su conducta, que según el Ministerio Público, pudo haber constituido intimidación y falta disciplinaria, así como también está siendo investigado por esta instancia por presuntas agresiones contra su esposa. Pero previamente, quien también fue embajador en Venezuela, ante la FAO y jefe de Despacho de la Presidencia –todos estos cargos bajo el gobierno de Petro– ya tenía siete procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia, cuatro de los cuales han avanzado a apertura formal mientras los otros tres siguen en indagación.

Estos casos tienen que ver con presuntos actos de corrupción con la adjudicación irregular de contratos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), por el que fue pasado a juicio; favorecimiento a la empresa Simetric; irregulares en entidades públicas como Electricaribe y la Electrificadora del Meta (Emsa), en las que habría ejercido influencia para ganar capital político; supuesta exigencia de dineros en 2010 para que la Fiduprevisora pagara derechos pensionales a docentes de Córdoba; también enfrenta una denuncia por compra de votos en La Guajira; así como otro caso por aparente enriquecimiento ilícito por casi 3000 millones de pesos (unos 700.000 dólares) cuando era congresista.

Antonio Sanguino
 
Fue nombrado ministro de Trabajo por el presidente Gustavo Petro a pesar de que enfrenta un juicio por el caso de corrupción conocido como el “carrusel de la contratación”, hecho ocurrido entre 2008 y 2009 en la Alcaldía de Bogotá, que estaba entonces en manos del fallecido alcalde Samuel Moreno mientras Sanguino ejercía como concejal de la Alianza Verde y el hoy titular de la cartera del Trabajo habría presionado entonces el nombramiento de una ficha política suya para que estuviera al frente de la administración del Hospital de Usme, al sur de Bogotá.

Por este caso, hace apenas una semana, la Corte Suprema obligó al ministro a asistir a la audiencia, dada las serias imputaciones en su contra, para formalizar la acusación por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público continuado, ya que según la Fiscalía, Sanguino habría intervenido en 2008 para que el entonces secretario de Salud, Héctor Julio Gómez, designara a Liliana Patricia Paternina como gerente del Hospital de Usme para así él ejercer control sobre los contratos en este centro de salud.

Laura Sarabia
La actual canciller de Colombia, que asumió el cargo el pasado 29 de enero bajo enormes cuestionamientos por su falta de experiencia en materia diplomática, es sin duda una de las funcionarias más cercanas y de entera confianza del presidente Gustavo Petro, quien la designó inicialmente apenas llegó a la Casa de Nariño como jefa del Despacho Presidencial y antes de saltar al Ministerio de Relaciones Exteriores pasó también por la Dirección General de Prosperidad Social y la Dirección General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Sarabia acaparó titulares hace dos años por la denuncia de la niñera de su hijo, Marelbys Meza, quien fue objeto de una prueba de polígrafo y presuntas interceptaciones telefónicas, lo que desató uno de los primeros escándalos del gobierno de Petro por abuso de autoridad. Ahora, es investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, según la pesquisa iniciada por el Ministerio Público hace poco menos de un mes tras recibir una denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas por el aumento injustificado de su patrimonio desde su llegada al gobierno en 2022, donde también aparecen mencionados su hermano Andrés Sarabia y su esposo Andrés Parra.

Ricardo Roa
 
Es el presidente de la estatal petrolera colombiana Ecopetrol desde el 24 de abril de 2023, pero previamente fue el gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. Por esto último es investigado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por falta de transparencia en la rendición de cuentas, lo que incluiría violación de los topes permitidos y posibles ingresos de origen cuestionable a la campaña. Pero sus escándalos no quedan allí. Al posible desvío de recursos se suman otras irregularidades como conflictos de intereses e interceptaciones ilegales.

La última polémica se desató hace menos de una semana cuando se descubrió que la dirección general de la compañía habría autorizado interceptar conversaciones de 70 altos ejecutivos, entre los que estarían miembros de la junta directiva. Esto fue precedido por otra controversia no menor: la aprobación de un costoso contrato de 5,5 millones de dólares para que una firma de abogados estadounidenses analizara las repercusiones de los escándalos asociados a Roa y su impacto en la reputación de la empresa, que ha visto caer fuertemente sus acciones en Wall Street en los últimos días. Tampoco se pueden olvidar entre estas controversias la compra de un lujoso aparamento en Bogotá por 1800 millones de pesos (430.000 USD) a través de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas y la injerencia que habría tenido su pareja, Julián Caicedo, en la elección del presidente de Interconexiones Eléctricas (ISA), cuyo accionista mayoritario es Ecopetrol.

Ricardo Bonilla
Fue ministro de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro entre el 1 de mayo de 2023 y el 4 de diciembre de 2024. Ha aparecido involucrado en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el controversial caso por el desvío de recursos públicos para sobornar a congresistas a cambio de que votaran a favor de las reformas sociales que promueve el gobierno, y que debido a su dificultad para avanzar ahora el Ejecutiva impulsa una consulta popular que fue negada en el Senado y amenaza con convocarla en los próximos días por decreto sin el requerido visto bueno la Cámara alta en el Congreso. Y justamente este martes la Fiscalía anunció que imputará cargos a Bonilla por este caso.

De acuerdo con las denuncias en su contra, el entonces titular de la cartera de Hacienda tenía conocimiento de estas irregularidades y habría incluso dado su aval para “redireccionar” tres contratos por 92000 millones de pesos (unos 22 millones de dólares), razón por la cual debió apartarse de su cargo con la promesa de enfrentar “las responsabilidades que las circunstancias determinen” ante sus “jueces naturales” sin hacer uso del cargo de ministro para ejercer su derecho a la defensa.

David Racero
El congresista por el Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, ejerció  como presidente de la Cámara de Representantes en el periodo del 20 de julio de 2022 al 20 de julio de 2023, siendo un gran aliado del mandatario en el Congreso. Desde finales de 2024 es objeto de dos investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en la administración de su equipo como legislador, denominado como Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), y por la solicitud de asignación de cargos dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En el primer caso se le acusa de prácticas que incluyen el cobro de una parte del salario a empleados para cubrir deudas personales y en el segundo de intermediación de familiares del congresista para intervenir en el proceso de contratación de personal del SENA mediante conversaciones con el director de esta institución, según investigaciones sacadas a la luz pública por la prensa colombiana, en el primer caso por el periodista Daniel Coronell y en el segundo por la emisora W Radio. Rasero se ha limitado a responder que se trata de una “campaña de desprestigio”. La Procuraduría General abrió una indagación hace poco menos de dos semanas por este último caso contra el congresista y contra el director del SENA.

Olmedo López
Fue el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entre el 28 de abril de 2023 y el 29 de febrero de 2024. Luego de que revelaciones periodísticas que llevaron a renunciar a su cargo al entonces subdirector de este organismos, Sneyder Pinilla, quien terminó confesando su participación en este entramado de corrupción, Olmedo López siguió sus pasos al decidir colaborar también con la justicia, convirtiéndose en el principal delator de este escándalo que ya arrastra a otros funcionarios de más alta jerarquía.

Volvió a ser noticia en las últimas horas por una extensa carta enviada a la Fiscalía en la que expresa su inconformidad por lo que califica como un “abandono” por parte del Estado, luego de haber colaborado con la justicia, considerando que un juez penal especializado de Bogotá rechazó el preacuerdo que López firmó con la Fiscalía, en el que se comprometía a pagar 724 millones de pesos (175.000 dólares) y cumplir una pena de seis años y dos meses de cárcel a cambio de su colaboración, lo que el juzgado desestimó por considerar la pena “irrisoria”.

Sneyder Pinilla
Se desempeñaba como subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuando estalló el escándalo que acabó con su carrera política que había iniciado hace una década como alcalde de Sabana de Torres, en el departamento de Santander, de la mano del Partido Conservador y la Alianza Social Independiente, pero luego decidió ingresar al gobierno de Gustavo Petro cuando Olmedo López, quien venía de militar en la izquierda, lo convenció para ser su segundo a bordo en la UNGRD.

Ahora cumple una pena de cinco años y ocho meses de prisión tras haber sido condenado el pasado 29 de abril en un juzgado penal de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado por su participación en lo que ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Petro. Pinilla se convirtió en el primer condenado por este caso luego de admitir su culpabilidad en la entrega ilegal de dinero público a los entonces presidentes de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y del Senado, Iván Name, por medio de la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, para que favorecieran al gobierno en las votaciones para la aprobación de sus polémicas reformas.

Sandra Ortiz
Fue la consejera para las regiones de la Presidencia de la República entre el 12 de mayo de 2023 y el 6 de mayo de 2024. Tal como se señala arriba, habría sido la encargada de facilitar los sobornos entre la UNGRD y los presidentes de ambas cámaras en el Congreso para favorecer a su jefe, el presidente Gustavo Petro, quien tiene como principal objetivo de su gestión aprobar las reformas que han sido la principal bandera de su administración.

Su caso en particular ha sufrido una postergación, pues iba a ser acusada el 10 de abril por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, pero alegando “fracaso en la negociación” con la Fiscalía, su defensa solicitó tiempo para presentar una nueva matriz de colaboración, por lo que la acusación en su contra fue reprogramada para el 12 de junio.

Carlos Ramón González
Otro cercano aliado de Gustavo Petro que, tras desempeñarse como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), se vio envuelto en el mismo escándalo de corrupción de la UNGRD y fue imputado hace apenas un par de semanas por el Ministerio Público, que lo acusa de haber instruido a Olmedo López para inflar los costos de un contrato y entregar parte de ese dinero, que ascendería a 4000 millones de pesos (cerca de 1 millón de dólares), a los mencionados congresistas que para ese momento estaban al frente de las dos cámaras del Congreso para que ayudaran a impulsar las reformas sociales presentadas por el Ejecutivo.

La estrecha relación entre González y Petro data de los años en que ambos militaron en la narcoguerrilla del M-19. Fue uno de los fundadores del partido Alianza Verde. Su nombre acaparó titulares pocos meses después de que Petro asumiera la Presidencia por haber designado a un exguerrillero como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hoy califica su imputación como “calumnias sin fundamento”.

Fuente: PanamPost