Seis años de Bukele: poderes ampliados, régimen de excepción y detención a opositores

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió este domingo seis años al frente del Ejecutivo, en el marco del primer aniversario de su reelección pese a la prohibición constitucional. Bukele encabeza un gobierno que mantiene a la economía como un desafío pendiente, sostiene su popularidad a través de un régimen de excepción y no duda en acallar a las voces críticas.

El mandatario, que cultiva una imagen de líder moderno y desafiante, también recurre a mecanismos clásicos del autoritarismo para blindar su poder frente a la amenaza de la disidencia. Este nuevo aniversario llega en el punto más alto de su consolidación autoritaria: solo en mayo, su gobierno detuvo al menos a 15 opositores, y una docena de periodistas y activistas abandonaron el país por temor a represalias.

El pasado 19 de mayo, Ruth López, abogada anticorrupción de la organización Cristosal y una de las voces más críticas del gobierno, fue arrestada por supuesta malversación de fondos públicos. Hasta la fecha, no se le formuló ningún cargo formal, y continúa detenida sin que se respete el debido proceso. Paralelamente, el oficialismo aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, herramienta que permite al gobierno controlar y restringir la actividad de organizaciones que cuestionan su política de seguridad y su legalidad.

Con doble nacionalidad, salvadoreña y estadounidense, Bukele llegó al poder en 2019 y se convirtió en el primer mandatario del país en desafiar abiertamente la Constitución al buscar y obtener la reelección. Durante este segundo período, prometió “sanar” la economía luego de, según él, haber curado al país del “cáncer” de la violencia de pandillas.

Bukele logró su reelección apoyado en un régimen de excepción—una medida extraordinaria adoptada en su lucha contra las pandillas— que sostiene hace años, y  disparó su popularidad por reducir los índices de violencia, llevando al arresto de unas 87.000 personas. Este mecanismo ha sido señalado por múltiples organismos por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo miles de detenciones arbitrarias. Desde su implementación, la Asamblea Legislativa —dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas— prorrogó el régimen por períodos de 30 días en 39 ocasiones.

En este contexto, se han registrado más de 400 muertes de personas bajo custodia estatal y más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos. Pese a su discurso triunfalista, las encuestas indican que, ya para el cierre de su primer mandato, la principal preocupación de la población dejó de ser la seguridad y pasó a ser la situación económica: durante su gestión, El Salvador se mantuvo rezagado en crecimiento económico dentro de la región y, según cifras oficiales, la pobreza general pasó del 22,8 al 27,2 por ciento de los hogares.

Fuente: Página12