El caso de las esterilizaciones forzadas del fujimorismo llegó a la Corte IDH

Desde Lima 

Un grave episodio de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Alberto Fujimori (1990 y 2000) que permanece en la impunidad es el caso de las esterilizaciones forzadas a mujeres pobres, especialmente indígenas y campesinas. Fueron alrededor de 300 mil las mujeres esterilizadas como parte de un plan de contenido racista para reducir la población pobre esterilizando a las mujeres, que funcionó entre 1996 y 2000. El gobierno de Fujimori obligaba al personal de salud a cumplir cuotas mínimas de esterilizaciones, con sanciones a los que no llegaban a esas cifras. El Estado peruano ha admitido 7.100 casos de esterilizaciones forzadas y la muerte de 18 mujeres por esta práctica. Pero esas son las cifras mínimas de víctimas reconocidas oficialmente. 

Los testimonios de las víctimas y las evidencias de cómo operó este programa revelan que la mayoría de las 300 mil esterilizaciones fueron forzadas. Con una larga impunidad en la justicia peruana, ahora la denuncia por las esterilizaciones forzadas ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Ante la Corte IDH se ha denunciado el caso de Celia Ramos, fallecida en 1997 a causa de la ligadura de trompas que le practicaron en condiciones muy precarias y sin que haya dado un consentimiento informado. Hace unos días se realizó una audiencia en la Corte y ahora se espera una sentencia, lo que tomaría varios meses. Esta es la primera denuncia por las esterilizaciones forzadas que llega a la Corte IDH, tribunal que podría sentenciar al Estado peruano no sólo por su responsabilidad en el caso de Ramos, sino condenar la política de esterilizaciones forzadas del gobierno de Fujimori, en el marco de la cual murió la señora Ramos, y ordenar reparaciones para las víctimas y que se juzgue a los culpables. La defensa de Ramos ha demandado ante la Corte que las esterilizaciones forzadas sean declaradas como delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriban. Un punto central que tendría impacto no solo en el Perú, sino en toda la región.

“Las sentencias de la Corte son jurisprudencia obligatoria, por eso este caso es muy importante no solo a nivel del Perú, sino de América Latina. Hubo una política sistemática de esterilizaciones forzadas, por eso es un crimen de lesa humanidad. Además de lesa humanidad, ha sido una política genocida, porque ha estado dirigida contra una población específica: mujeres muy pobres, racializadas, indígenas, que vivían en el ámbito rural o en las zonas periféricas pobres de las ciudades. Esta política de esterilizaciones fue financiada por el Fondo Mundial de Población, eso es un escándalo”, le declaró a PáginaI12 Rocío Silva Santisteban, directora de la ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que defiende a Celia Ramos ante la Corte IDH.

Celia Ramos vivía en el caserío La Legua, un pequeño poblado rural al norte del Perú, con su esposo y sus tres hijas, la mayor de diez años, en la casa de su madre, en medio de las carencias y la pobreza de la zona. Trabajadores del sector salud llegaron a su casa a demandarle que tenía que someterse a una ligadura de trompas para no tener más hijos. Con claro tono racista le increparon: “ustedes tienen hijos como conejos, no pueden tener más hijos”. En esas visitas el personal de salud iba acompañado de militares. Una presencia especialmente intimidante en un país con un conflicto armado interno que dejó cerca de 70 mil muertos, con miles de desaparecidos y matanzas de comunidades campesinas cometidas por las fuerzas de seguridad. Celia dijo varias veces que no quería la intervención quirúrgica, pero insistieron y la presionaron. Un día fue llevada a la posta médica del pueblo, donde había agua solo unas horas al día, y sometida a la intervención de ligadura de trompas. Las cosas se complicaron y 19 días después murió.

“Cuando mi mamá murió toda mi familia se desmoronó, fue devastador. Mi madre era una mujer sana, fuerte, activa, era el sostén de la familia. Se operó bajo presión. La escuché decir que no quería, que le habían dicho que era como sacarse una muela. Esperamos que se conozca la verdad de lo que pasó, que se abra una investigación real, que se haga justicia, que el Estado reconozca lo que hizo y repare el daño por la pérdida de mi mamá”, declaró, con la voz entrecortada, Marisela Monzón Ramos, la hija mayor de Celia, ante los magistrados de la Corte IDH.

La defensa de Celia Ramos presentó evidencia contundente que señala al Estado como responsable de la existencia de un plan de esterilizaciones forzadas masivas y que en ese contexto ocurrió la muerte de Celia. El Estado negó que se hayan dado esterilizaciones forzadas y presentó un documento de supuesto consentimiento firmado por Ramos para la operación que se le realizó, documento que, sin embargo, no tenía ninguna información sobre en qué consistía la operación de ligadura de trompas, sus implicancias y riesgos. Los jueces de la Corte le hicieron ver al representante del Estado que el documento no cumplía los requisitos de un consentimiento debidamente informado. El representante del Estado peruano, Eduardo Buendía, no supo responder a los cuestionamientos a este documento, tampoco a las evidencias de las presiones a Celia y otras miles de mujeres para ser esterilizadas, y no pudo explicar cómo en su defensa ante la Corte negó la existencia de esterilizaciones forzadas cuando hay informes del propio Estado admitiendo su existencia.

En declaraciones a este diario, la abogada Gisela de León, directora legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que estuvo en la Corte IDH defendiendo a Celia Ramos, aseguró que salieron de esta audiencia “con una sensación muy positiva”. “El documento de supuesto consentimiento informado de Celia -indicó- fue presentado por el Estado peruano a último momento, de manera irregular y contra las reglas de la Corte. No nos consta su autenticidad. Pero aunque a pesar de esto el documento se acepte, no tiene las características requeridas para un consentimiento informado. Sería muy importante que la Corte determine que estas esterilizaciones forzadas fueron crímenes de lesa humanidad”.

Dos víctimas de las esterilizaciones forzadas que hace décadas demandan justicia le contaron a PáginaI12 sus dramáticas historias.

“Somos una comunidad pobre, en la posta médica daban alimentos. Cuando fui a recibir el alimento nos hicieron entrar a un cuartito, estábamos varias mujeres. Nos han dicho ‘tienen hijos como cuy (roedor andino), no pueden tener más hijos’. Quería escaparme y me agarró un soldado. Un doctor me hizo echar, no había ni camilla, en el piso de tierra nos han hecho. Después de la operación nos tenían como animales. No nos han dicho nada. Después de la operación nos botaron, ni siquiera nos dieron el alimento que fuimos a recoger, y caminando nos hemos ido. Era lejos. Tenía un dolor grande. Ni siquiera nos dieron una pastilla para el dolor. Por vergüenza muchas mujeres no cuentan que las han esterilizado. No hay justicia para nosotras. Ojalá que esta Corte nos entienda. Esperamos justicia y una reparación por el daño que nos han hecho”, relató Rosa Lapa, campesina de la región andina de Huancavelica.

Margarita Rojas es de una comunidad campesina de la provincia de Chumbivilcas, en el departamento andino de Cusco: “Vinieron varios días a decirnos que nos hagamos la ligadura de trompas para no tener más hijos y que si no lo hacíamos ya no íbamos a recibir los alimentos que daban. Yo no quería. Un día vinieron y nos dijeron que iban a vacunar a nuestros hijos. Fui a la posta médica para vacunar a mi hija que tenía ocho meses, cuando estuvimos en la posta nos dijeron ‘ya entren, así chiquito les vamos a cortar para que ya no tengan más hijos’. Yo quise salir, pero no me dejaron. A mi hija no la vacunaron, eso fue un engaño para que vayamos. Ese día llevaron a la posta a diez mujeres con engaños. En Chumbivilcas esterilizaron a 350 mujeres. Una señora que no tenía hijos fue a la posta por una hemorragia y la esterilizaron sin que sepa lo que le iban a hacer. Queremos que haya justicia, que nos reparen. Hasta cuándo vamos a esperar”.

Fujimori murió sin ser juzgado por este crimen masivo, pero como autores mediatos también están acusados tres ministros de salud de su gobierno -uno de ellos, Alejandro Aguinaga, es actualmente congresista fujimorista-en un proceso interminable que se inició en 2002 y todavía está en la fiscalía. Las víctimas esperan que una sentencia favorable de la Corte IDH produzca un giro que termine con la larga impunidad. 

Fuente: Página12