El primer disparo de la batalla de Donald Trump contra las ciudades santuario ha sido una carta enviada 249 veces. Pasó un poco desapercibida. El 23 de diciembre, en plenas celebraciones navideñas, llegó la comunicación de la organización trumpista America First Legal que dejaba constancia explícita de las graves consecuencias judiciales, y económicas, que podrían enfrentar las jurisdicciones que por ley no colaboran en materia migratoria con el Gobierno federal. Después de meses de campaña en los que el candidato y ahora presidente electo y muchos de quienes lo rodean, especialmente el halcón antiinmigración Stephen Miller, ponían a esas ciudades en el punto de mira, la amenaza sin matices se lee como una declaración de guerra.
Se podría pensar que, ya que la organización America First Legal no es parte de la futura Administración de Trump, la carta no supone una amenaza real. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta que el fundador y presidente de la entidad es precisamente Miller —uno de los principales ideólogos de la retórica migratoria del trumpismo, anterior consejero sénior y futuro asesor de Seguridad Nacional y jefe adjunto de Gabinete— y que en su mesa de directivos también están varios otros altos cargos del pasado y futuro Gobierno de Trump, esa idea se disipa rápidamente.
La carta comienza sin preámbulos. “La ley federal es clara: los extranjeros presentes ilegalmente en Estados Unidos están sujetos a expulsión del país, y es delito ocultarlos, darles cobijo o escudarlos. También es delito impedir que los funcionarios federales hagan cumplir la ley de inmigración. Estas leyes fueron debidamente promulgadas por los representantes elegidos por el pueblo. En virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, son la ley del país y sustituyen a cualquier ley estatal o local en sentido contrario”. Si el mensaje entre líneas no es suficientemente transparente, el siguiente párrafo, que dice, “las jurisdicciones llamadas ‘santuario’ que prohíben el cumplimiento de la ley federal de inmigración y la cooperación con los oficiales que la aplican están, por lo tanto, rompiendo la ley”, cristaliza el mensaje.
Las 249 jurisdicciones estatales, municipales y hasta organizaciones no gubernamentales a las que se les ha mandado la carta han sido acusadas, en la lectura de America First Legal, de estar rompiendo la ley. “Tal anarquía le expone a usted y a sus subordinados a un riesgo significativo de responsabilidad penal y civil”, alerta la carta.
Aunque no hay una lista pública de los destinatarios de las cartas, se sabe que los alcaldes de Los Ángeles, Nueva York, Denver, Chicago, Boston, Washington D.C., Baltimore, Altanta o Nueva Orleans están entre ellos. Pero también han recibido cartas oficiales de ciudades menores o los administradores de algunos condados específicos. Hasta el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, recibió una. “Hemos identificado a Los Ángeles como una jurisdicción santuario que está violando la ley federal. De hecho, como jefe de Policía de Los Ángeles, usted ha declarado claramente su apoyo a la ciudad para ignorar la ley federal, declarando el 8 de noviembre de 2024, que el Departamento de Policía de Los Ángeles, ‘no cooperará con las deportaciones masivas’, declarando así su intención de violar descaradamente la ley federal de inmigración”, se lee en la misiva dirigida a McDonnell.
El resto de la larga carta va detallando leyes específicas que las jurisdicciones santuario y otros organismos están, de acuerdo a su lectura, rompiendo: desde la interferencia de comunicación entre instancias locales y el Gobierno federal sobre la situación migratoria de individuos, hasta el cobijo de migrantes —incluso migrantes actualmente legales, pero que hayan entrado originalmente de manera irregular—.
Las denuncias dibujan de manera más clara que nunca el guion que los abogados seguirán para atacarlos sin piedad. Se hablan de posibles condenas de hasta cinco años de cárcel por cada migrante albergado, así insinuando posibles sentencias casi eternas. También se asegura que los casos se pueden avanzar como casos de conspiración, afectando a numerosos acusados de la misma jurisdicción que por activa y pasiva han presuntamente incurrido en el mismo delito. Esto significa que no solo los altos cargos están amenazados, sino cargos medios y bajos también pueden ser puestos en la diana. Asimismo, la carta abre la puerta a que las personas sean sujetas a demandas civiles por supuestos daños causados por sus acciones de apoyo a los migrantes, lo cual, como poco costaría miles de dólares en defensa legal, y como mucho, puede suponer multas importantes a administraciones e individuos.
Estas amenazas desmesuradas se leen, sin embargo, como serias, pues una y otra vez la carta cita el apoyo del Tribunal Supremo a su lectura de las leyes migratorias, en particular en que son jurisdicción federal y que cualquier interferencia es un delito grave. Teniendo en cuenta que el actual Supremo es ultraconservador y tres de sus nueve miembros fueron nombrados por Trump mismo, a quien la corte ya ha favorecido en varias ocasiones con sentencias en línea con sus intereses, las advertencias adquieren un tono todavía más inquietante. La insinuación es que si los acusados de estar cometiendo estos crímenes deciden dar la batalla legal, instancia por instancia, llegarán hasta un Tribunal que está a favor de la interpretación de America First Legal, Miller y Trump.
“Las leyes o políticas de santuario de su jurisdicción son una burla de la democracia estadounidense y demuestran una escandalosa falta de respeto por el Estado de Derecho. Solo por estas razones, debería abandonarlas. Pero independientemente de sus opiniones sobre nuestra Unión, el hecho es que usted y los demás funcionarios que apoyan o aplican leyes, políticas y reglamentos de santuario tienen un interés muy personal en el asunto: cada uno de ustedes podría enfrentarse a un proceso penal y a responsabilidad civil por sus actos ilegales”, concluye la carta, antes de, por último, invitar a los oficiales e individuos acusados a que den vuelta atrás y se ahorren las molestias. Este periódico contactó con algunas ciudades santuario y con America First Legal para un comentario acerca de la carta y los próximos pasos que prevén dar, pero hasta el momento de publicación no ha recibido respuesta.
Fuente: El País
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