En el 2025, proteger a los niños de las guerras debe ser una prioridad absoluta

Exigir que los niños sean protegidos en las guerras parece una obviedad. Decir que su reclutamiento por ejércitos y grupos rebeldes está prohibido por el derecho internacional parece innecesario. Afirmar que tomar niños y niñas como rehenes o transferirlos forzosamente de un país a otro constituyen crímenes de guerra debería ser algo que nadie cuestione. Y señalar que quienes cometen estos actos deben ser llevados ante la justicia debería sonar como sentido común. En demasiados lugares del mundo, sin embargo, estas verdades no son obviedades, sino realidades ignoradas.

Los conflictos armados contemporáneos, prolongados y sin un final claro, se han convertido en escenarios que no diferencian entre aquellas personas que participan en el conflicto y las que no, entre adultos y niños, que sufren desproporcionadamente sus consecuencias. Ejércitos y grupos rebeldes reclutan y utilizan menores de edad para sus actividades, son responsables de violencia sexual, ataques deliberados a sus escuelas y hospitales, de tomarlos como rehenes e impedir que asistencia humanitaria les llegue. Estas no son situaciones aisladas ni remotas. Ocurren en lugares cercanos, como Colombia, y se extienden a Siria, Yemen, Israel y la Franja de Gaza, Sudán, Myanmar, Mali y la República Democrática del Congo, entre otros.

Hace solo unas semanas, el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale encontró al menos 314 niños ucranianos, principalmente de la región del Donbás, que fueron deportados y figuran en las bases de datos de adopción rusas. En todos estos contextos, los niños se encuentran atrapados en ciclos de violencia de los que no pueden salir, siendo víctimas del comportamiento de adultos. Según la ONG Save the Children, a mediados de la década de los 1990, el 10% de los niños del mundo vivían en zonas de conflicto. Este porcentaje se ha duplicado, alcanzando un 19% en 2023. Hoy en día, 473 millones de niños se ven afectados directamente por situaciones de conflicto. Para ellos, las guerras no son una novedad; son el entorno en que viven todos los días.

Frente a esta realidad, el derecho internacional ofrece un marco legal claro para protegerlos de los efectos de los conflictos armados. Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, así como otras reglas aplicables, contienen prohibiciones que los ejércitos y grupos rebeldes deben seguir por igual. Sin embargo, su implementación sigue siendo un desafío. En muchos lugares, aquellos que participan de los conflictos no saben de la existencia de estas normas. En otros, el derecho internacional, o algunas de sus reglas, no son de su interés y comandantes deciden deliberadamente quebrantarlo.

En el 2025, proteger a los niños de los efectos de las guerras debe ocupar un lugar central en las agendas globales.

Esto se puede realizar tomando en cuenta las siguientes tres prioridades:

Primero, es fundamental que los individuos responsables de crímenes contra niños en conflictos armados sean llevados a la justicia. Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que estos crímenes no queden impunes, ya sea a través de sus propios sistemas judiciales, mediante el apoyo a procesos llevados a cabo en otros Estados, o colaborando con la Corte Penal Internacional. Es esencial, en este sentido, fortalecer mecanismos de cooperación internacional para investigar y enjuiciar crímenes contra niños. Una rendición de cuentas efectiva puede servir para prevenir futuras violaciones.

Segundo, aunque nadie puede dudar que la protección de la niñez en conflictos armados debe ser una prioridad, todavía hay numerosos Estados que no han firmado instrumentos jurídicos y políticos internacionales destinados a tal fin. Esta falta de adhesión revela una preocupante brecha en el compromiso internacional con los derechos de la infancia. Un ejemplo es la Declaración de Escuelas Seguras, resultado de un proceso liderado por Noruega y Argentina, y que conmemorará sus diez años en 2025. Por medio de la Declaración, Estados firmantes se comprometen a adoptar medidas para la protección y continuación de la educación en conflictos armados. Al día de hoy, sólo 120 Estados han firmado dicha Declaración. Es fundamental que más Estados se comprometan a proteger a los niños a través de su adhesión a estos instrumentos.

Finalmente, se deben fortalecer y reforzar los programas que ofrezcan apoyo psicológico y reintegración para niños y niñas que han sufrido experiencias traumáticas surgidas de situaciones de conflicto. Esto debe realizarse tanto desde un punto de vista político como financiero, y el apoyo debe ser sostenido a fin de garantizar su eficacia. Niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento forzoso o violencia sexual, cuyas escuelas han sido atacadas y destruidas, que han sido separados de sus familias en clara violación al derecho internacional, necesitan espacios seguros donde puedan procesar su trauma.

El 2025 debe marcar un punto de inflexión: debemos ser capaces de comprometernos con los derechos de la niñez a través de acciones concretas. Las imágenes que vemos en los medios de comunicación deben movilizarnos. No debemos perder más tiempo.

Fuente: Infobae