Un juez federal anula parte de la ley texana que dificulta el voto a los latinos

Las organizaciones latinas que están enfrentadas al Estado de Texas por las restricciones legislativas que perjudican el voto de los hispanos se han apuntado una victoria judicial.

El juez federal Xavier Rodríguez ha fallado que algunas de las provisiones de la polémica ley de Texas SB1 viola la Constitución de los Estados Unidos al ser “demasiado vaga” y restringir la libertad de expresión.

Los voluntarios y trabajadores que hasta ahora arriesgaban hasta penas de cárcel por ayudar a los votantes con información sobre cómo votar van a poder hacerlo sin correr ese riesgo. Además, el juez prohíbe investigar a las organizaciones sobre recolección de votos, una práctica que en agosto llevó al registro domiciliario de varios activistas que trabajan por los derechos de los hispanos.

“Para mi equipo esto es algo realmente bueno, porque ahora va a ser más fácil ofrecer la asistencia, al menos no estaremos preocupados por hablar con los votantes”, afirma Michael Mireles, director de Compromiso Cívico de LUPE (La Unión del Pueblo Entero, por sus siglas en inglés). Mireles y su equipo se dedican a ayudar a votar a los electores que por discapacidad o por problemas con el lenguaje, como pasa con muchos latinos, no podían hacerlo. Su labor estaba comprometida con la ley texana, que prohibía que ofrecieran esa colaboración a los votantes si había presente una boleta de votación. Esta provisión de la ley que ha sido anulada por el juez, impedía que ejercieran su labor, pues al acudir a la casa de los votantes no podían asegurar que en el hogar no hubiera una boleta electoral.

“Debido a que la ‘presencia física’ no está definida, los demandantes no están seguros de cuán físicamente próxima debe estar una boleta a un voluntario o empleado para violar la restricción de escrutinio y correr el riesgo de exponerse a una década de prisión”, escribió Rodríguez.

Fundada por los históricos activistas de derechos para los latinos César Chávez y Dolores Huerta, LUPE es parte de una demanda interpuesta contra el Estado de Texas contra esa ley que, además, frustra la asistencia en los colegios electorales, haciendo casi imposible que votantes que no supieran leer y escribir en inglés ejercieran su derecho al voto. No hay aún un fallo judicial contra ésta y otras provisiones de la ley que se incluyen en la demanda, que ha presentado la organización MALDEF (Fondo Mexicanoamericano de Defensa Legal y Educación) en nombre de LUPE.

El fallo judicial impide además al Estado investigar presuntos casos de recolección de votos, como la investigación contra la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), orquestada por el fiscal general, Ken Paxton, que llevó al registro domiciliario de varios colaboradores en agosto pasado. LULAC es una de las organizaciones más antiguas en Estados Unidos de defensa de los derechos humanos de los hispanos y, por primera vez en 95 años de historia, se posicionó en favor de una candidatura, la demócrata de Kamala Harris y Tim Walz.

“La decisión elimina por inconstitucional una de las principales reglas de Texas que se usaba para intimidar a las organizaciones hispanas y a los votantes”, declaró LULAC en la red X, antes Twitter. “Por demasiado tiempo algunos políticos han usado quejas falsas para impulsar leyes abusivas como ésta en una campaña de intimidación… Hay mucho trabajo por hacer para combatir a aquellos que atacan el voto libre y continuaremos la lucha por los derechos de voto de todos”, aseguró.

Una persona que ofrecía servicios de recolección de votos a cambio de una compensación estaba cometiendo un delito grave de tercer grado, con penas de hasta diez años de prisión y multas de hasta 10.000 dólares. Eso implicaba que los empleados de las organizaciones tenían que ofrecer sus servicios fuera de las horas de trabajo y tampoco quedaba claro si se podía ofrecer comida y transporte a los voluntarios que ayudan en la labor informativa, porque se podrían considerar compensaciones.

Ken Paxton contraataca
Paxton anunció ayer que apelará la decisión. “Me moveré inmediatamente para bloquear este fallo inaceptable para que Texas pueda continuar defendiendo sus elecciones de malos actores que buscan socavar las urnas”, dijo en un comunicado. “Un fallo, semanas antes de una elección, que impide a mi oficina investigar posibles violaciones electorales es profundamente preocupante y corre el riesgo de socavar la confianza pública en nuestro proceso político”, señaló.

Los defensores de la SB1, que firmó el gobernador Greg Abbott en 2021, justifican su aplicación como un medio de evitar el fraude electoral, un argumento recurrente de muchos republicanos desde que Donald Trump perdió las elecciones en 2020.

Se espera que la decisión del juez Xavier Rodríguez favorezca el voto entre los hispanos, que son la comunidad más afectada en Texas por las barreras que la ley imponía al no permitirles tener ayuda a pesar de las limitaciones que pueden tener por el lenguaje.

Varias organizaciones latinas han celebrado la decisión. “Nuestro éxito contra la claramente inconstitucional SB1 es una victoria importante para el pueblo de Texas, que enfrenta uno de los regímenes de supresión de votantes más importantes del país”, dijo la cofundadora y presidenta de Voto Latino, María Teresa Kumar. “El voto es la columna vertebral de nuestra democracia y la forma más eficaz de opinar sobre el futuro de nuestra nación. Y es por eso que los republicanos están trabajando tan duro para suprimir el voto de las comunidades de color, los votantes de bajos ingresos, los votantes jóvenes y otros grupos marginados. No debemos permitir que extremistas antiestadounidenses restrinjan la capacidad de los votantes para emitir su voto”, señaló en un comunicado.

La ley SB1 de 2021 estuvo rodeada de polémica desde el comienzo por ser una de las normas electorales más estrictas. Otra de las disposiciones de la ley desincentiva a quienes quieren ayudar a los electores que lo necesitan porque se les obliga a firmar un juramento con datos personales, la relación con el votante y la aprobación de asumir los riesgos legales que pueden ser hasta de cárcel si se comete una infracción.

MALDEF tiene interpuestas sendas demandas contra Misuri y Arkansas de parte de varias organizaciones latinas por tener otras legislaciones que dificultan el voto entre los hispanos. Arkansas prohíbe que un asistente ayude a más de seis votantes y Misuri lleva ese límite hasta sólo un votante. La falta de asistentes bilingües que informen a las personas que no leen ni escriben en inglés estimula la abstención entre los latinos. Aún no hay un fallo sobre estos casos.

Fuente: El País