Por qué cualquiera puede ser diplomático en Ecuador

El servicio exterior ecuatoriano ha sido objeto de un debilitamiento sistemático en las últimas décadas. El que alguna vez “fue un ejemplo de profesionalización en la región”, en palabras del ex canciller Juan Carlos Holguín, sufrió un plan deliberado del gobierno de Rafael Correa para desinstitucionalizar entidades clave del Estado, según el ex ministro. “El Servicio Exterior jugaba un rol fundamental para el proyecto político regional del socialismo del siglo XXI”, afirmó Holguín a Infobae, refiriéndose al uso político de los nombramientos diplomáticos como una herramienta para consolidar el poder del régimen.

Este proceso desinstitucionalizador debilitó a la Academia Diplomática, permitiendo que personas sin la capacitación adecuada ingresaran al servicio exterior bajo la figura de la cuota política. La Academia Diplomática del Ecuador fue cerrada el 23 de febrero de 2011 durante el gobierno de Rafael Correa. El cierre fue justificado bajo el argumento de que la institución no estaba aportando adecuadamente y que se necesitaban otros mecanismos para la formación de los funcionarios diplomáticos. Este cierre formó parte del proceso de desinstitucionalización que caracterizó la política exterior de esa época, según declaraciones de expertos y exfuncionarios del servicio exterior. En 2018, bajo la administración del canciller José Valencia, la academia volvió a funcionar.

Según la Ley Orgánica del Servicio Exterior, el Presidente de la República tiene derecho a designar hasta el 20% del personal diplomático, siempre que estos nombramientos correspondan a personas mayores de 35 años, con méritos reconocidos y que hayan prestado servicios relevantes al país. La ley dispone que la Contraloría General del Estado “cuidará del cumplimiento de lo dispuesto... para el efecto de la inscripción de nombramientos y pagos de las remuneraciones”. Sin embargo, la Resolución No. 0043-2006-TC del Tribunal Constitucional, del 2006, añade que esos méritos se entienden como una “percepción clara de la delicadeza de sus funciones”, lo que introduce un grado de subjetividad a la norma.

Aunque la Contraloría podría verificar los antecedentes profesionales y académicos de los nombrados, así como sus trayectorias laborales, para asegurar que tienen la formación adecuada y experiencia relacionada con la función que van a desempeñar o realizar auditorías de gestión del nombrado bajo cuota política, la subjetividad de la resolución del Tribunal Constitucional dificultaría cualquier forma de observación de la institución.

Desde 2006, la Contraloría no ha realizado auditorías generales –porque sobre casos específicos sí– sobre los nombramientos bajo cuota política en el Servicio Exterior, según lo verificado por Infobae en la página web de la institución. La Contraloría no pudo atender las consultas de este medio, que solicitó una vocería, debido a que la agenda del contralor estaba llena.

Casos polémicos: un exfutbolista, el gerente de una televisora, el hermano de la presidenta del CNE y una periodista

Uno de los casos más emblemáticos del uso político de estos nombramientos es el de Emilio Valencia, un exfutbolista que fue nombrado vicecónsul en Cuba durante el correísmo. Según los archivos de prensa, Valencia fue acusado de mal manejo de fondos en el consulado, lo que para Holguín es un ejemplo claro de la falta de preparación para ocupar el cargo. De acuerdo con Holguín, “la desinstitucionalización del servicio exterior ecuatoriano en la época del correísmo se dio por haber nombrado de cónsules a personas que eran fruto de negociaciones políticas por votos en la Asamblea”.

Durante el gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral, ex gerente y accionista de Teleamazonas –una televisora ecuatoriana–, fue designado embajador de Ecuador en el Reino Unido en octubre de 2021 bajo la cuota política. Aunque no tenía experiencia diplomática previa, Corral ocupó este cargo gracias a su cercanía con el gobierno. Sin embargo, su nombramiento pronto enfrentó cuestionamientos debido a su participación como accionista en un fideicomiso que mantenía contratos con el Estado, lo que constituyó un conflicto de interés, según determinó la Contraloría General del Estado en 2024.

La Contraloría concluyó que Corral no debió haber sido designado embajador y tampoco ejercer dentro del gabinete ministerial, como lo hizo luego de su misión diplomática, debido a estos vínculos contractuales con el Estado, lo cual violaba el artículo 152 de la Constitución. Como consecuencia, recibió una sanción administrativa y una multa de 20 salarios básicos (alrededor de USD 9.200), además de una prohibición para ocupar cargos públicos durante dos años.

Otro de los casos más recientes que ha levantado polémica es el del cónsul de Ecuador en Queens, Nueva York, Vinicio Kar Atamaint, hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. La canciller Gabriela Sommerfeld respondió a las críticas sobre este nombramiento, afirmando: “Sí, es hermano de Diana Atamaint. Sin embargo, no existe legislación que prohíba que una persona que trabaja en una institución, un pariente no pueda trabajar en otra… Este es un cargo político pedido por el señor presidente”.

En esas declaraciones, recogidas por El Universo en enero de este año, Sommerfeld indicó que Atamaint tiene las credenciales para el cargo: “Dentro de su educación está el derecho internacional, ha trabajado en temas de derechos humanos. Tiene competencia para ir al consulado en Queens que tiene gran presencia de ecuatorianos. Él ha trabajado también con comunidades indígenas”.

Infobae constató que el cónsul Atamaint tiene registrados en la Secretaría de Educación Superior los títulos de licenciado en Relaciones Internacionales y de ingeniero en gestión de gobiernos seccionales. En la opinión pública se observó esta designación como una forma de congraciarse con la presidenta del CNE, pues el ente electoral en ese momento revisaba las firmas para inscribir oficialmente al movimiento del presidente Daniel Noboa.

Otro nombramiento que generó controversia es el de la periodista María Grazzia Acosta, quien fue designada como Ministra de la Embajada de Ecuador en Francia en agosto de 2024. Su designación ha sido duramente cuestionada por diplomáticos de carrera, quienes indicaron a Infobae bajo reserva que, mientras ellos deben pasar más de 10 años ascendiendo en la jerarquía diplomática, Acosta alcanzó un cargo de alto nivel en menos de un año. Acosta, cuya experiencia en el sector público se limitaba a ser asesora de la actual canciller desde noviembre de 2023, no respondió a las solicitudes de Infobae para hablar sobre los méritos que justificaron su nombramiento. En su lugar, bloqueó al medio en el canal de comunicación por el que se la contactó.

Cuando Infobae solicitó formalmente a la Cancillería información sobre los “servicios relevantes” y “méritos reconocidos” de Acosta, la institución se amparó en la Ley de Protección de Datos Personales para no proporcionar la información. No obstante, esta ley no aplica para actividades periodísticas, como lo establece su artículo 2, literal d, que exceptúa del cumplimiento de dicha normativa en contextos de producción periodística.

Ante la falta de respuesta de Acosta y la negativa de la Cancillería a proporcionar información sobre sus méritos, Infobae revisó sus perfiles en LinkedIn y X para conocer su experiencia. Acosta posee un máster en comunicación política y gobernanza estratégica, pero no se observa formación en relaciones internacionales, diplomacia, política exterior, estudios globales ni experiencia en negociaciones diplomáticas al más alto nivel. Aunque ha sido asesora de la actual canciller, su experiencia está relacionada a su trabajo en medios de comunicación, principalmente en Teleamazonas. De acuerdo con su perfil de X, habla inglés, francés e italiano además del español.

El uso legítimo de la cuota política

A nivel internacional, los méritos reconocidos y servicios relevantes suelen referirse a una sólida trayectoria profesional, experiencia en negociaciones diplomáticas y conocimientos técnicos en áreas clave. En Estados Unidos, por ejemplo, los nombramientos políticos en el servicio exterior deben cumplir con requisitos de mérito y son sujetos de auditoría para garantizar que no sean usados como recompensas políticas. Algunos deben pasar por la aprobación del senado, como el caso de los embajadores. En Europa, los cargos diplomáticos bajo cuota política están reservados para personas con experiencia demostrada en la promoción de los intereses nacionales y en relaciones internacionales.

La cuota política en Ecuador tiene un propósito legítimo: permitir que el presidente nombre a personas clave que compartan su visión para ejecutar políticas exteriores alineadas con su gobierno. Sin embargo, este mecanismo ha sido desvirtuado cuando se usa para premiar a personas o retribuir favores. Como afirmó Holguín, “la cuota política es necesaria, pero debe aplicarse con ética y responsabilidad. Lo importante es que la persona que representa al Ecuador tenga la capacidad técnica, académica y, sobre todo, el nivel ético para ejercer el cargo”.

Entre mayo de 2021 y noviembre de 2023, durante el mandato inconcluso de Guillermo Lasso, se realizaron 39 nombramientos bajo cuota política, mientras que entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, con Daniel Noboa, se nombraron a 31 personas bajo este mecanismo, según información proporcionada por la Cancillería a este medio.

El uso extendido de la cuota política, si bien legítimo en ciertos casos, puede afectar la profesionalización del servicio exterior y generar malestar entre los diplomáticos de carrera, quienes ven cómo su desarrollo se ve obstaculizado por designaciones que no siempre cumplen con los requisitos de la ley. Para lograr un fortalecimiento en esta área, Holguín propone “una profunda reestructuración a nivel normativo” en el servicio exterior, por ejemplo revisando las formas de ascenso en la carrera diplomática.

Fuente: Infobae