Régimen chavista arrecia intimidación y censura en víspera de las elecciones

Los primeros cuatro meses del año no trajeron buenas noticias en materia de libertad de expresión e información en Venezuela. De hecho, estas dejaron de existir desde que la dictadura en manos del fallecido Hugo Chávez activó su cacería contra los medios de comunicación independientes. Eso tampoco ha cambiado bajo las órdenes de Nicolás Maduro. Como resultado, entre enero y abril de este año aumentaron 25 % las denuncias de violaciones en esta materia en comparación con el mismo período de 2023.

La ONG Espacio Público registró 68 casos que abarcan 135 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La intimidación (41) y las denuncias por censura (36) fueron las violaciones más frecuentes. Pueden parecer pocas, hasta que se tiene en cuenta que el aparato represivo chavista viene repitiendo un mecanismo de persecución que incluye detenciones arbitrarias, cierre de medios y amedrentamiento durante años.

El panorama luce aún más complicado si se toma en cuenta que en poco más de dos meses se celebrarán las elecciones presidenciales, cuyo calendario ha sido diseñado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al servicio de la dictadura para garantizar su permanencia en el poder, al punto de inhabilitar inconstitucionalmente a María Corina Machado, electa como candidata unitaria de la oposición en unas primarias donde obtuvo más de 92 % de los votos, o de impedir el voto en el exterior al permitir que solo 1,72 % de venezolanos que viven en el extranjero puedan presentarse en las urnas a ejercer su derecho.

A la cárcel por un video
Uno de los casos de persecución y desaparición registrados por la ONG es el de Carlos Ramón Salazar, ingeniero jubilado de la estatal PDVSA, quien en febrero pasado publicó un video en redes sociales de Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro —y perdonado por la justicia estadounidense luego de acusarlo por corrupción—, mientras estaba de compras en un local en la isla de Margarita.

Eso, para la dictadura, fue suficiente motivo para encarcelar al ingeniero de 60 años. Fue detenido “por un cuerpo de hombres vestidos de negro” y no se supo más de su paradero. Este tipo de casos abundan en el expediente de la represión chavista. Según el reporte, familiares de Salazar eliminaron las publicaciones de las redes sociales y nadie quiere hablar del caso “por miedo”.

Difundir un video puede ser motivo de cárcel en Venezuela, de eso no hay dudas. Un caso similar ocurrió con cuatro personas señaladas de “incitación al odio”, tras criticar la gestión del gobernador del estado Mérida, al servicio de la dictadura, Jehyson Guzmán.

Las principales víctimas
El cierre de 13 emisoras y el hecho de que los medios de comunicación y periodistas sean las principales víctimas de estas violaciones a la libertad de expresión, con 28 y 27 casos respectivamente, ayudan a empeorar un panorama poco alentador y que evidencia una vez más el talante autoritario del régimen de Maduro.

Es por esta razón que la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó dos meses atrás la apelación de la dictadura y decidió continuar su investigación por crímenes de lesa humanidad, un asunto estrechamente ligado a la persecución contra quienes se expresan contra el régimen. Los presos políticos, otro asunto turbio y delicado, se llevan la peor parte con testimonios confirmados de torturas que sufren tras las rejas.

En el camino a las elecciones, el equipo de Machado también ha padecido detenciones de varios de sus miembros, mientras que otros se han refugiado en la embajada de Argentina en Caracas. Bajo ese contexto avanza el cronograma electoral de cara a los comicios del 28 de julio.

Fuente: PanamPost