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title: "Colombia exige un balance del proceso de paz: diez años después del acuerdo, crecen los reclamos por los resultados y el dinero invertido"
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date_published: "2026-11-16T07:48:00-03:00"
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# Colombia exige un balance del proceso de paz: diez años después del acuerdo, crecen los reclamos por los resultados y el dinero invertido

**RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE**

- A diez años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, Colombia enfrenta el desafío de evaluar qué compromisos se cumplieron y cuáles siguen pendientes.
- Un balance presentado ante el Congreso cifra en 170 billones de pesos colombianos la inversión estatal destinada a implementar el acuerdo, incluidos más de 40 billones para los programas de desarrollo territorial.
- El debate entre los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque volvió a poner en primer plano las responsabilidades políticas por los resultados del proceso.
- Las víctimas y los militares que padecieron el conflicto reclaman que sus experiencias sean incorporadas a una evaluación integral.
- La persistencia de grupos armados, el narcotráfico y la violencia en distintas regiones reavivan las dudas sobre la capacidad del acuerdo para garantizar una paz duradera.

## **Diez años después, el acuerdo sigue bajo discusión**

El debate volvió a cobrar fuerza durante un encuentro convocado por la Defensoría del Pueblo, en el que participaron los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque. Ambos expusieron posiciones contrapuestas sobre los resultados del acuerdo firmado en 2016 con las FARC.

Santos defendió el proceso que condujo a la desmovilización de la antigua guerrilla y reivindicó sus avances. Duque, en cambio, cuestionó los resultados de la implementación y planteó objeciones sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El presidente Gustavo Petro, cuya participación había sido anunciada, finalmente se excusó de asistir.

Sin embargo, la discusión excede la confrontación entre antiguos mandatarios. La pregunta central es qué cambios concretos produjo el acuerdo en las regiones que durante décadas estuvieron afectadas por el conflicto armado.

## **170 billones de pesos bajo la lupa**

Uno de los datos que reavivó la discusión fue el balance presentado ante el Congreso por Viviane Morales Hoyos, designada para encabezar la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Según las cifras difundidas, el Estado colombiano destinó alrededor de **170 billones de pesos** a la implementación del acuerdo, de los cuales más de 40 billones correspondieron a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La magnitud de esos recursos abre interrogantes sobre su ejecución y sus efectos. No alcanza con contabilizar partidas presupuestarias o proyectos anunciados: también es necesario determinar qué obras se terminaron, qué servicios llegaron a las comunidades y cuánto mejoraron las condiciones de vida de la población.

Los PDET fueron concebidos para transformar territorios históricamente golpeados por la pobreza, la desigualdad y la violencia. Por eso, su evaluación resulta especialmente importante para determinar si la inversión pública se tradujo en mejoras concretas.

## **Las víctimas y los militares también reclaman respuestas**

Otro de los cuestionamientos apunta a la necesidad de incorporar todas las voces afectadas por el conflicto. El balance del proceso no debería limitarse a los antiguos combatientes ni a las autoridades que participaron en las negociaciones.

Las víctimas civiles y los integrantes de las Fuerzas Armadas que sufrieron secuestros, mutilaciones, asesinatos y otros crímenes también reclaman verdad, reparación y garantías judiciales.

En ese contexto, la JEP ocupa un lugar central. Su tarea consiste en esclarecer responsabilidades por los delitos más graves cometidos durante el conflicto y establecer sanciones dentro del modelo de justicia transicional. El desafío es que sus decisiones se traduzcan en resultados verificables y respuestas efectivas para quienes padecieron la violencia.

## **La violencia no desapareció con la firma del acuerdo**

La persistencia de grupos armados ilegales constituye otra de las principales dificultades para consolidar una paz duradera. Aunque la desmovilización de las FARC representó un cambio histórico, otras organizaciones ocuparon espacios territoriales y continuaron disputándose actividades ilegales, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal.

En octubre de 2026, representantes de Naciones Unidas advirtieron ante el Consejo de Seguridad que la inseguridad sigue amenazando la implementación del acuerdo. También señalaron que la cantidad de integrantes de grupos armados ilegales habría aumentado de unos 15.000 en 2022 a aproximadamente 28.000 en la actualidad, según datos oficiales presentados ante legisladores.

Human Rights Watch también documentó graves dificultades de seguridad y una implementación incompleta de distintos compromisos del acuerdo, particularmente en materia de desarrollo rural, protección de comunidades y sustitución de cultivos ilícitos.

## **La paz necesita resultados, no solamente compromisos**

La discusión sobre el acuerdo de 2016 vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: negociar el fin de un conflicto no garantiza, por sí solo, que la violencia desaparezca. La construcción de paz requiere instituciones presentes, seguridad para las comunidades, oportunidades económicas y mecanismos de justicia capaces de responder a las víctimas.

Por eso, la evaluación de esta primera década debería incluir información pública sobre el dinero invertido, los proyectos ejecutados, las obligaciones pendientes y las responsabilidades de cada administración.

El desafío también consiste en evitar que las economías criminales sigan alimentando nuevos ciclos de violencia. Sin una estrategia capaz de debilitar esas estructuras y garantizar la presencia estatal en las zonas más vulnerables, los avances de cualquier negociación pueden quedar comprometidos.

Diez años después de la firma del acuerdo con las FARC, Colombia necesita un balance que supere las disputas partidarias. La paz debe medirse por sus resultados concretos: las vidas protegidas, las víctimas reparadas, los territorios recuperados y los recursos públicos transformados en mejores condiciones de vida.

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