Tres de cada cuatro nicaragüenses consultados dicen sentirse vigilados

El 75% nicaragüenses que participaron en una consulta ciudadana publicada este miércoles y realizada en septiembre de 2026, asegura detectar vigilancia o control en su entorno, principalmente por parte de estructuras vinculadas al oficialismo, vecinos, paramilitares y agentes policiales.

El dato pertenece a la más reciente Consulta Ciudadana de Hagamos Democracia NIC-CR, una organización que desde diciembre de 2022 realiza mediciones periódicas sobre las condiciones económicas, sociales y políticas de Nicaragua.

El informe correspondiente a septiembre de 2026 muestra que la vigilancia no se percibe únicamente como una actividad de las instituciones de seguridad, sino también como una práctica que involucra a personas cercanas, estructuras partidarias y funcionarios públicos.

De las 400 personas consultadas, 302 afirmaron detectar vigilancia o control en su entorno, equivalentes al 75,5 % del total. Otras 72 personas, el 18 %, respondieron que no perciben esas prácticas, mientras que 26, el 6,5 %, dijeron no saber o prefirieron no responder. Al excluir estas últimas respuestas, el porcentaje de quienes reconocen vigilancia asciende al 80,7 %.

La consulta constituye la decimosexta ronda de un ejercicio que Hagamos Democracia desarrolla periódicamente desde diciembre de 2022. En esta ocasión reunió 400 respuestas válidas procedentes de 40 unidades territoriales, incluidos distintos distritos de Managua, mediante un formulario de 54 preguntas sobre economía, migración, seguridad, participación política, condiciones electorales y libertades ciudadanas.

El estudio tiene un diseño descriptivo y no probabilístico, por lo que sus resultados corresponden exclusivamente a las personas participantes y no pueden extrapolarse estadísticamente a toda la población nicaragüense.

Tampoco permite establecer un margen de error muestral ni demostrar por sí solo que la vigilancia efectivamente se haya extendido en el país. Su principal aporte consiste en documentar percepciones y compararlas con consultas anteriores cuando las preguntas y sus bases son equivalentes.

Al profundizar sobre quiénes ejercen la vigilancia, las respuestas apuntan principalmente a estructuras políticas y personas que operan dentro de las propias comunidades.

Entre los 302 participantes que afirmaron detectar vigilancia, 185 señalaron a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) u otras estructuras partidarias, equivalentes al 61,3 % de ese grupo.

En segundo lugar, aparecen los vecinos o informantes, mencionados por 148 personas, el 49 %. Les siguen los paramilitares, señalados por 145 participantes, el 48 %, mientras que 117 identificaron a la Policía Nacional, el 38,7 %, y 102 a funcionarios públicos, el 33,8 %.

Las respuestas permitían seleccionar más de un responsable, por lo que los porcentajes no suman cien. El resultado muestra que, entre quienes perciben vigilancia, las estructuras partidarias y las relaciones vecinales tienen una presencia más destacada que las instituciones policiales, aunque estas también figuran entre los actores señalados.

“Lo más crítico, más allá de que la cifra es alta, porque el 80.7 % detecta vigilancia, es de dónde viene esa vigilancia”, señala Jesús Téfel, presidente de Hagamos Democracia. “A lo largo de los meses ha sido consistente que la gente percibe como principal fuente de vigilancia a las estructuras partidarias o los CPC. En segundo lugar, aparecen los vecinos o informantes”.

“Cuando la gente percibe que quien la vigila puede ser su propio vecino o la persona que está cruzando la calle, aumenta la sensación de autocensura, porque tiene que cuidar su comportamiento diario. Siente que la están observando en todos los ámbitos de su vida cotidiana”, añade.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, describió en su informe de 2025 una estructura de vigilancia que incorpora instituciones estatales, organizaciones políticas del Frente Sandinista y grupos armados progubernamentales.

Los expertos señalaron que el aparato estatal había consolidado una extensa red de vigilancia e inteligencia que permitía identificar y perseguir a personas consideradas opositoras. La investigación también documentó la participación de actores no estatales en el funcionamiento de ese sistema.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual 2025, advirtió que Nicaragua continuaba bajo un estado policial caracterizado por la vigilancia, el control y la represión contra personas percibidas como opositoras al Gobierno.

La reciente consulta de septiembre también examinó las formas de control político que los participantes conocen dentro de las instituciones del Estado. De las 400 personas entrevistadas, 112 afirmaron tener familiares que trabajan en alguna dependencia pública, y a ellas se les preguntó sobre las prácticas de represión laboral de las que habían escuchado hablar.

El resultado más elevado correspondió a la asistencia obligatoria a actividades partidarias, mencionada por 96 personas, el 85,7 % de ese grupo. Otras 48, equivalentes al 42,9 %, señalaron vigilancia de las redes sociales de los trabajadores públicos.

También se mencionaron despidos o amenazas de despido, con el 33,9 %; intimidación o amenazas, con el 32,1 %; asistencia obligatoria a entrenamientos o actividades político-militares, con el 28,6 %, y revisión de teléfonos celulares, con el 17 %.

El estudio también aborda las formas de vigilancia que pueden desarrollarse mediante redes sociales, cuentas electrónicas y teléfonos celulares. Esta sección fue aplicada específicamente a 98 participantesque habían respondido que no detectaban vigilancia en su entorno o que no habían expresado una posición sobre esa pregunta.

De ellos, 63, equivalentes al 64,3 %, dijeron no haber detectado vigilancia digital y otros 16, el 16,3 %, prefirieron no responder. Entre las situaciones mencionadas aparecen perfiles falsos que solicitan información privada, con 14 casos; intentos de hackeo, con seis; suplantación de identidad, con cinco; amenazas u hostigamiento en redes sociales, con dos, y revisión o confiscación de dispositivos, con uno.

El informe aclara que estos resultados corresponden únicamente a ese grupo de 98 personas y no permiten determinar la proporción general de participantes que han experimentado vigilancia digital.

En agosto pasado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inauguró en Managua el Centro de Monitoreo, Alerta y Respuesta “Momotombo”, una infraestructura financiada por China y valorada en más de 42 millones de dólares. Según la información oficial, el complejo incorpora cámaras de vigilancia, drones, perros robot, estaciones de monitoreo sísmico y volcánico, así como sistemas de alerta para emergencias.

Aunque el Gobierno presentó el proyecto como un avance tecnológico para la prevención de desastres y la atención de emergencias, la incorporación de equipos de vigilancia plantea interrogantes sobre sus posibles usos en un país donde distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado mecanismos de control político y seguimiento a la ciudadanía.

La preocupación por estas prácticas también aparece en investigaciones internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló en su Informe Anual 2025 que el monitoreo de redes sociales y comunicaciones en Nicaragua ha generado un clima de autocensura, en el que las personas evitan expresar opiniones críticas por temor a represalias.

El organismo advirtió, además, que la vigilancia constituye un obstáculo para el ejercicio del periodismo independiente, porque puede comprometer la confidencialidad de las fuentes y desalentar a quienes desean proporcionar información a los medios de comunicación.

En marzo de 2026, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas volvió a advertir sobre la existencia de una estructura de vigilancia que trasciende las fronteras nicaragüenses y alcanza a personas exiliadas. Según sus investigaciones, esa red involucra a distintas instituciones estatales y desarrolla actividades de monitoreo e intimidación fuera del país.

“El sistema de vigilancia del régimen funciona como una pirámide. En la cúspide están los dos copresidentes o las cabezas de las estructuras de vigilancia e inteligencia. Hacia abajo se extiende toda una estructura en la que la lealtad se impone mediante el mismo terror”, describe Téfel.

“Mucha gente pasa información sobre sus vecinos para evitar salir afectada. En otros casos lo hacen por fanatismo. Pero pertenecer a las estructuras de vigilancia del régimen no garantiza que no te vaya a pasar nada ni que vos mismo no estés siendo vigilado”, apunta.

La propia consulta de Hagamos Democracia representa un desafío a ese circuito de vigilancia y control que ha establecido la dictadura de Nicaragua. “Las encuestas se realizan por teléfono, pero a través de una red territorial de personas que están dentro de Nicaragua. Los encuestadores no llaman aleatoriamente ni contactan a desconocidos, sino a personas con las que existe algún vínculo de confianza”, explica.

“Además, toda la información que recibimos es anónima. Durante toda la cadena de transmisión de los datos se protege la identidad de los participantes y no revelamos información que permita identificarlos”, indica Téfel.

“Las personas que realizan las encuestas también adoptan sus propias medidas de seguridad, entre ellas no divulgar que participan en este trabajo. Quienes damos la cara públicamente por estas investigaciones somos los que estamos fuera del país”, señala el presidente de Hagamos Democracia, quien dice que “en los varios años que llevamos realizando estas encuestas nunca hemos tenido un incidente de seguridad”.

Fuente: Infobae