Izquierda en Chile sigue los pasos de Francia y desata protestas, barricadas y saqueos

Las calles de Francia, Italia, Albania, Portugal y Bélgica no son las únicas sometidas a la violencia en las últimas horas. En Chile, movilizaciones simultáneas en Santiago, Rancagua, La Serena, Valdivia y Valparaíso, vuelven a apostar por el caos para conmemorar el séptimo aniversario del denominado estallido social de 2019, esta vez bajo la consigna de: «Nos están quitando todo, es la hora de levantarnos”.

Ataques con bombas molotov, destrozos y alteraciones al transporte público son parte del balance de la jornada de manifestaciones del 18-O en el país austral, las cuales coinciden con las de Europa que, en el caso de Francia, dejaron más de 1200 detenidos y toques de queda en las ciudades más importantes del país.

En Chile, detrás de esta convocatoria están la Central Clasista de Trabajadores, la Plataforma Anticapitalista Vereda Sur y la Asamblea Popular Antifascista, cuyo saldo preliminar incluye un autobús quemado del sistema Red, el saqueo a un local comercial, tipificado bajo el ilícito de robo con violencia, múltiples daños a la infraestructura pública y privada, 29 detenidos y seis policías lesionados, según informa El Mercurio. 

¿Vuelven las manifestaciones con violencia en Chile? «Ojalá que no», responde el presidente, José Antonio Kast, pero nadie en el país tiene certezas.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados en Chile que analizó el llamado estallido social de 2019 terminó «sin identificar a ningún instigador de la violencia ni rastros de financiamiento».

Al mostrar el informe impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL) que se emitió en agosto, aprobándose con ocho votos contra cuatro, sólo se atribuye a la administración del expresidente fallecido Sebastián Piñera «excesivos incumplimientos» en su deber de resguardar el orden público durante el 18-O.

En el texto se concluye que existe una serie de «falencias en la capacidad preventiva del Estado», así como un sistema de inteligencia que «carecía de una articulación adecuada».

El presidente de la comisión, el libertario Hans Marowski, defiende el resultado y asegura que sólo asistieron 17 de los 32 invitados a las 11 sesiones efectuadas, mientras que de los 65 oficios enviados durante la investigación, diez fueron respondidos y otros dos tuvieron carácter reservado.

Conclusiones que enfrentan
Sin embargo, las afirmaciones en el documento son inaceptables para la Unión Demócrata Independiente (UDI). La coalición reprocha que una instancia parlamentaria terminara su trabajo sin responsables concretos. Desde Renovación Nacional, el partido de Piñera, el contenido representa «una apreciación injusta y sin fundamentos que desconoce las condiciones extremas en que debió actuar el Estado de Chile en el año 2019».

La tolda recuerda que «grupos violentistas incendiaron estaciones del Metro, iglesias, edificios públicos y comercios y saquearon fuentes de trabajo, atacaron a Carabineros y sometieron a miles de familias al miedo y la extorsión».

Sin consenso sobre los antecedentes colectados del denominado estallido social en Chile, el gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta la presión de cumplir con su promesa de campaña: indultar a 13 carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas condenados en ese contexto.

A seis meses de tomar el poder, los aliados del mandatario chileno buscan una señal concreta al respecto, con el argumento de que el Estado debe “considerar de manera integral las circunstancias excepcionales en las que actuaron estos funcionarios, las instrucciones recibidas, las extensas jornadas de servicio, la presión operacional y la obligación de restablecer el orden en un contexto de violencia generalizada”.

Sin embargo, «no hay ninguna novedad que comentar» sobre este particular, admite el ministro subrogante de Interior, Máximo Pávez.

¿El motivo? Las encuestas. No hay más respuesta cuando el estudio del Centro de Análisis de Estudios de Mercado (Cadem) arroja que el 55% de la población rechaza el indulto para exuniformados sentenciados o procesados por delitos vinculados al llamado estallido social. De hecho, el 60 % de los consultados está de acuerdo con eliminar la atribución presidencial del «perdón».

Fuente: PanamPost