Cómo podría responder Europa a la incursión de buques militares de Marruecos en Ceuta: “Es una decisión política, no una imposibilidad jurídica”

La entrada de unidades militares marroquíes en aguas de Ceuta conllevó una respuesta por parte de la Armada. España envió primero el buque ‘Rayo’ y después una fragata (la Navarra tuvo que sustituir a la averiada Santa María). El episodio de barcos del ejército marroquí en la costa ceutí coincidió con la entrada masiva del 30 de julio. Al salir a la luz este lunes, con la noticia de El País, surge la duda de si España debería haber adoptado una réplica más amplia que la estrictamente naval o diplomática. La Comisión Europea ha asegurado que se trata de un asunto que ambos países deben tratar y resolver. José María Lancho, abogado especializado en derecho marítimo, sostiene al conversar con Infobae que la reacción institucional debería situarse en el ámbito comunitario.

El experto explica que la Unión Europea (UE) dispone de instrumentos para revisar su relación económica y política con Marruecos si concluye que hubo actuaciones contrarias a los compromisos de Rabat. La relación entre Ceuta y Melilla y los organismos internacionales a los que pertenece España siempre ha sido difusa. No existe un consenso sobre si la OTAN podría aplicar el artículo 5, que exige a todos los países la defensa de un miembro en peligro, si las ciudades autónomas recibiesen un ataque. Tampoco cuentan con la misma categoría que el resto de territorios españoles en la UE y tienen un régimen distinto dentro del espacio Schengen. Por tanto, en este caso, la activación de una respuesta europea depende de una decisión política.

El rey defiende que quienes entraron ilegalmente en Ceuta deben regresar lo antes posible.
El acuerdo europeo con Marruecos exige respeto
El Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, vigente desde el 1 de marzo de 2000, vincula la relación bilateral al “respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos”. José María Lancho señala que esa condición figura en el artículo 2 del pacto, mientras que el artículo 90 regula su aplicación. “La instrumentalización de la migración hasta llegar a una crisis con decenas de muertos, la reivindicación unilateral de aguas contra el Derecho del Mar y la presión sobre la soberanía española en Ceuta son conductas incompatibles con esa base”, asegura el experto.

“No se trata de que un buque, aislado, infrinja un artículo comercial”, afirma el abogado. Su planteamiento sitúa el episodio dentro de lo que denomina “un patrón de actos hostiles y de coerción”, que podría cuestionar las condiciones políticas bajo las cuales la Unión Europea concede a Marruecos preferencias arancelarias y apoyo financiero. Lancho parte de que la soberanía marítima depende de la soberanía terrestre. El derecho internacional reconoce Ceuta y sus espacios marítimos como parte del territorio español, pero Marruecos mantiene su reclamación sobre la ciudad autónoma. Para el experto, esa disputa no impide que España ejerza sus competencias.

Posibles medidas: de revisar fondos al comercio
Según explica este especialista, el Acuerdo de Asociación contempla la posibilidad de responder al incumplimiento de elementos esenciales. Los acuerdos comerciales y pesqueros —como los beneficios que obtiene Marruecos de los recursos del Sáhara Occidental— están sujetos a normas que no puede vulnerar. “Cuando se quiebra un elemento esencial, permite adoptar medidas apropiadas, incluida la suspensión”, explica. Lancho sostiene que estas herramientas permitirían revisar la ayuda financiera comunitaria —la Unión Europea destina millones de euros a Marruecos para el control migratorio— y adoptar otras medidas proporcionales. “La arquitectura de estos acuerdos con Marruecos es revisable y no escapa al control de legalidad”, concluye.

La intervención europea requeriría una evaluación de los hechos y una posición formal de España ante la Comisión Europea, encargada de supervisar los acuerdos exteriores de la Unión. Sin embargo, Lancho señala que los principales grupos políticos españoles no han solicitado que se evalúen estas opciones, lo que dificulta que la UE active estos mecanismos. “Que estos instrumentos existan y no se usen es una decisión política, no una imposibilidad jurídica”, sostiene.

Fuente: Infobae