Estados Unidos endurece su ofensiva contra el narcotráfico y apunta a funcionarios de Bolivia

Estados Unidos elevó la presión contra el narcotráfico en América Latina y puso nuevamente el foco sobre Bolivia, en medio de un proceso de acercamiento diplomático entre ambos países después de años de fuertes diferencias.

“No toleramos la narco-política en el hemisferio y nadie está exento”, fue el mensaje difundido el 15 de septiembre por la representación diplomática estadounidense en La Paz. La delegación está actualmente encabezada por la encargada de Negocios Amanda Porter, quien asumió recientemente junto con un equipo que busca recomponer la relación bilateral.

El vínculo entre Washington y La Paz atravesó un prolongado período de tensión desde el gobierno de Evo Morales, cuando Bolivia expulsó a diplomáticos estadounidenses y profundizó sus relaciones con países como Cuba, Irán, Venezuela, Rusia y China.

En ese contexto, distintas fuentes sostienen que el deterioro de las relaciones no respondió solamente a diferencias ideológicas y señalan que el distanciamiento también habría generado condiciones favorables para la expansión de organizaciones vinculadas al narcotráfico en la región. Se trata, sin embargo, de interpretaciones y acusaciones que han sido objeto de debate.

La nueva ofensiva de Washington se concretó con medidas contra funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, dispuestas por el Departamento de Estado bajo la conducción de Marco Rubio.

Entre los sancionados figura el fiscal general boliviano Roger Rider Mariaca Montenegro, quien llegó al cargo en octubre de 2024 luego de ser designado por una Asamblea Legislativa con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), en un período marcado por las disputas internas entre los sectores vinculados a Evo Morales y al entonces presidente Luis Arce. Su mandato está previsto hasta 2030, salvo que se produzca alguna modificación institucional.

Mariaca desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito judicial de Santa Cruz de la Sierra, donde ejerció durante años como fiscal y construyó una extensa red de relaciones dentro del sistema de justicia local.

Santa Cruz también quedó vinculada en los últimos años a uno de los casos de narcotráfico de mayor repercusión regional: el del uruguayo Sebastián Marset, quien permaneció oculto durante un período en el exclusivo barrio Las Palmas.

Marset fue detenido en Bolivia en marzo pasado con asistencia de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, y posteriormente trasladado a territorio estadounidense. Para ese momento, Mariaca ya no ocupaba el cargo de fiscal en Santa Cruz.

La sanción contra el fiscal general boliviano se inscribe así en una estrategia más amplia de Washington destinada a incrementar la presión sobre funcionarios y actores considerados vinculados con estructuras de narcotráfico o corrupción asociada al crimen organizado en distintos países de la región.