Luego de 32 años, la Justicia argentina abre el camino para honrar a víctimas del atentado en la AMIA

La Ley 27.784 de Juicio en Ausencia, aprobada el año pasado tras ser impulsada por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, fue aplicada en las últimas horas para buscar justicia luego del ataque más sangriento en la historia del país. Ocho personas, de nacionalidades iraníes y libanesas, están siendo procesadas por el atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El anuncio, confirmado por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, abre un nuevo capítulo para la historia argentina, que fue negado en el pasado por los gobiernos kirchneristas. En 648 páginas, el juez federal Daniel Rafecas, señaló a estas personas por participar en la ejecución y planificación del atentado que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos, 151 heridos y una cicatriz que no ha cerrado ante la falta de castigo a los responsables. Además, el magistrado ordenó embargos de 500 millones de dólares sobre los bienes de cada procesado.

Se trata de «un hito en la lucha contra la impunidad”, tal como lo califica el ministro de Justicia. Y es que esta Ley de Juicio en Ausencia continúa procesando a sospechosos de crímenes, sin importar que hayan salido de Argentina o estén refugiados en el extranjero. Esto va de la mano con la declaración que en agosto de 2024 emitió el Gobierno de Milei para que Hamás comenzara a ser calificada como organización terrorista internacional. Cada paso que ha dado la actual gestión libertaria se encamina a hacer justicia por un episodio que el kirchnerismo se ha empeñado en encubrir –de acuerdo con acusaciones del propio fiscal fallecido Alberto Nisman– a favor del régimen islámico.Noticias diarias

La impunidad iraní que defendió el kirchnerismo
La frase de la senadora Patricia Bullrich luce acertada en el marco del nuevo capítulo que se abre para hacer justicia por las víctimas y por la comunidad judía residente en suelo argentino: «Todo lo contrario al memorándum con Irán que firmó Cristina Kirchner para exculparlos y que queden impunes», escribió Bullrich.

Dicho memorándum, firmado en 2013 entre el gobierno kirchnerista y el régimen iraní, fue tomado por la ciudadanía como una pantomima más que como un intento por esclarecer los hechos e identificar a los responsables del atentado en la AMIA. Cedía parte de la exclusividad penal a una «comisión de la verdad» mixta, y que, por si fuera poco, también estuvo integrada por juristas impuestos por la República Islámica. En 2015, el fiscal Alberto Nisman presentó la causa «AMIA II, el encubrimiento», denunciando a Cristina Fernández de Kirchner por «decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán». Sostenía que el documento ocultaba un pacto comercial para comprar crudo iraní más barato.

El hecho de que el juez y el fiscal argentinos tuvieran que viajar a Teherán –debido a que Irán no reconoce la extradición– para tomar la declaración indagatoria a los imputados, fue otro de los puntos del acuerdo que enlodó el camino hacia la justicia. El memorándum nunca entró en vigor porque el parlamento de Irán no lo ratificó y porque la Justicia argentina lo declaró inconstitucional. Sin embargo, luego de 32 años de cometido el atentado en la AMIA, el escenario cambia para condenar a los responsable del episodio más violento en la historia del país.

Fuente: PanamPost