Crecen las denuncias contra el régimen de Ortega por la persecución a la Iglesia católica en Nicaragua

Organizaciones opositoras de Nicaragua denunciaron un nuevo episodio de persecución contra la Iglesia católica por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la retención domiciliaria del obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años.

Según informaron distintos sectores de la oposición, la medida se produjo pocos días después de que el religioso encabezara una misa en la ciudad de Estelí, donde pidió oraciones por la Iglesia católica y recordó a otros referentes eclesiásticos que fueron detenidos, expulsados o despojados de su nacionalidad en los últimos años.

De acuerdo con la denuncia, el lunes posterior a esa celebración agentes policiales interceptaron al obispo bajo el argumento de que estaba siendo investigado. Posteriormente fue trasladado a su residencia en Tisma, en el departamento de Masaya, donde permanece bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, la Policía Nacional no brindó información oficial sobre las razones de la medida ni confirmó la existencia de una causa judicial en su contra.

Las principales organizaciones opositoras sostienen que este caso no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una política de presión permanente contra integrantes de la Iglesia. En ese sentido, advirtieron que en los últimos años se multiplicaron las acciones de intimidación, hostigamiento y persecución contra obispos, sacerdotes, religiosos y laicos críticos del gobierno.

Entre los antecedentes más recientes recordaron la situación del obispo Rolando Álvarez, quien fue encarcelado, posteriormente excarcelado y expulsado del país, además de perder su nacionalidad nicaragüense, en un contexto de creciente tensión entre el régimen y la Iglesia católica.

Las denuncias vuelven a poner el foco sobre el deterioro de las libertades civiles y religiosas en Nicaragua, donde organismos de derechos humanos y sectores opositores vienen alertando desde hace años sobre el endurecimiento de las medidas del gobierno contra quienes expresan posiciones críticas.