Registro de vándalos en Chile: la trampa política en la que Kast encerró a la oposición

Todo aquel que agreda a un carabinero en Chile, ataque a personal de salud, dañe monumentos nacionales, venda alcohol de forma ilegal o consuma drogas en la vía pública ingresará al Registro de Vándalos e Incivilidades que promueve el gobierno de José Antonio Kast, perdiendo automáticamente sus beneficios sociales. ¿Algún sector político se opondría al reordenamiento interno enfocado en seguridad? Es muy poco probable.

Esa respuesta convirtió a la iniciativa del mandatario en una jugada política estratégica después de la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; al igual que la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini.

Los primeros sondeos confirman la puntería de Kast. Un estudio del Centro de Análisis de Estudios de Mercado (Cadem), a horas del anuncio del proyecto, arroja que 87 % de la población respalda el retiro de la Pensión Garantizada Universal (PGU), gratuidad universitaria, subsidios de arriendos e incluso la retención de la devolución del impuestos, así como la prohibición  de la renovación documentos como el pasaporte o licencia de conducir, a quienes formen parte de la nueva base de datos estatal.

Estrategia con resultado 
El apoyo a la propuesta, que además estima la inhabilitación para inscribir vehículos en el Registro Civil y propiedad en el conservador de Bienes Raíces, es inédito. ¿Se neutraliza a la oposición? Es evidente. De hecho, el subsecretario de la Secretaría General del gobierno, José Francisco Lagos, lo reconoce en El Líbero.

«Lo que hace esto es materializar que hay un punto de inflexión en materia de seguridad y un empoderamiento distinto», asegura el alto funcionario, tras admitir que nadie puede calificar como «clasista» el registro de vándalos porque hay consecuencias previstas que alcanzan a la ciudadanía en general.

El efecto en la escena política es visible. “No voy a ser yo la que defienda a los vándalos. Sin embargo, creo que los beneficios sociales no son herramientas para aplicar sanciones”, atinó a declarar la exministra de Interior Carolina Tohá.

Discusión en la mesa 
Con los adversarios en jaque, trasciende que el tiempo en el registro dependerá de la falta. Si es la primera vez que se comete una y un tribunal emitió una sanción, el ingreso a la base será de un año. Si la persona reincide y tienes una segunda falta, se mantendrá tres años y si reporta una tercera demorará cinco años en salir.

La discusión llegará al Congreso en los próximos días. La Moneda espera la aprobación de la propuesta, porque «la situación de incivilidad en el país y de delitos de alta connotación es insostenible», asegura Lagos.

La propuesta tiene un contexto a favor. Según las últimas estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Chile cerró el año pasado con 230.701 casos de incivilidades que afectaron la infraestructura, generaron costos económicos y erosionaron la sensación de seguridad.

De ellos, 122.049 correspondieron a daños en bienes ajenos (muebles o inmuebles) sin el consentimiento de sus propietarios, 100.284 a consumo de alcohol en la calle, 6981 a consumo de drogas en espacios públicos y 1387 a desórdenes públicos.

Tendencia sostenida y costosa 
La tendencia este año anticipa un panorama similar. Ya en el primer trimestre del año se registraron 29212 casos de consumo de alcohol en la calle, 29896 de daños, 1668 de consumo de drogas y 322 de desórdenes públicos. La mayoría de estas infracciones se concentran en la Región Metropolitana, con 43297 irregularidades registradas. Después siguen la región de Valparaíso y Biobío con 13230 y 10173 expedientes, respectivamente.

El impacto es significativo. Supone desde un gasto fiscal, cuando el patrimonio público es afectado, hasta la interrupción de las cadenas productivas, cuando los ataques recaen contra maquinarias o camiones.

El costo es millonario. Sólo entre 2022 y 2025 se requirieron 31 millones de dólares para recuperar espacios públicos, luminarias y sistemas de televigilancia en 268 comunas del país. El monto se engrosa al sumar los 255 millones de dólares que demandó la recuperación de 118 de las 136 estaciones del Metro de Santiago vandalizadas durante el estallido de 2019. Esos daños alcanzaron al 87 % de la red y aunque hubo 21766 imputados, apenas el 4 % terminó condenado.

Fiscalía a favor del registro de otros delitos
«Cuando generas un ambiente de no respeto de la ley, incluso de situaciones menores, eso contribuye a la comisión de delitos más graves”, advirtió el fiscal nacional Ángel Valencia tras plantear la extensión de la iniciativa de Kast a otros delitos.

Para el titular del Ministerio Público también es necesario incluir la colusión como delito, en vista de que estos acuerdos concertados entre dos o más competidores para fijar precios u otras condiciones de comercialización generan daños colectivos.

En ese sentido, Valencia declaró que si el foco del del registro de vándalos en Chile es propiciar la reparación del perjuicio causado a bienes públicos o comunitarios, la base de datos podría añadir a quienes han incurrido en prácticas desleales que afectan a la economía de las familias, así como a la recaudación estatal.

Sin embargo, el Ejecutivo descarta ampliar el registro de vándalos a condenados por delitos económicos, colusión o violación a los derechos humanos.

Fuente: PanamPost