Amanecerá y veremos: crónica de un desorden anunciado

La salida de la administración de Gabriel Boric se ha caracterizado por un intento desesperado de reescribir la historia reciente e imponer amarres en estructuras claves del Estado para entorpecer la labor del próximo gobierno, haciéndose la víctima de una oposición mezquina con sus planes finales de gobierno. El aún relato oficialista busca persistentemente e intenta por todos los medios posibles instalar la idea de que entregan un país «estabilizado», ignorando que la crisis de confianza y el estancamiento actual son, en gran medida, el resultado de la erosión institucional que ellos mismos promovieron y de la cual sacaron mucho provecho. A continuación, veamos qué realidad es la de este «desorden de salida» bajo una lupa crítica y estratégica.

La narrativa gubernamental sobre una supuesta «responsabilidad fiscal» choca con el dato duro: el gobierno de Boric cierra con un crecimiento económico promedio de apenas 1,9% (2022-2025), posicionándose como el segundo peor desempeño desde el retorno a la democracia. Esta anemia económica no es accidental; es el subproducto de una agenda que priorizó la carga regulatoria y la incertidumbre jurídica.

Mientras desde el Ministerio de Hacienda y la Vocería del gobierno intentan desesperadamente destacar la baja inflación, omiten que el déficit fiscal estructural alcanzó un 3,6% del PIB en 2025, el peor resultado desde que se implementó la regla fiscal en 2001 (excluyendo la pandemia). Hacienda corrigió sus proyecciones de ingresos a la baja en US$ 2.600 millones en solo tres meses, demostrando una improvisación que compromete el presupuesto de 2026, evidenciando nuevamente que desde la Dirección de Presupuestos (DIPRES) están al debe en este tema.Boletín diario

La solución no es colocarse el parche antes de la herida, es urgente la implementación de una Ley de Agilización de Inversiones (Fin a la Permisología). Chile no puede seguir sujeto a la discrecionalidad  política de comités de ministros de turno imponiendo sus criterios ideológicos por sobre la visión de Estado que debe prevalecer. Se requiere una reforma profunda al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para que los criterios sean técnicos, vinculantes y con plazos claros, eliminando el veto ideológico que frenó proyectos mineros y energéticos claves para el desarrollo nacional.

El derrumbe de la superioridad moral: de los convenios al caso Monsalve
El desorden no solo es de gestión, sino moral y ético. La coalición que prometió «habitar el Estado» de forma distinta termina salpicada por los casos de corrupción más espantosos y aberrantes de la década.

El Caso Convenios reveló un modelo de defraudación diseñado para capturar fondos públicos a través de fundaciones militantes. A esto se sumaron crisis de seguridad y moralidad, como el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, que desarticularon el discurso de protección a la mujer, probidad y transparencia. El gobierno, lejos de una autocrítica, ha optado por la victimización y el «pudor» para remover a figuras de confianza.

Para ello se propone como acción estratégica la creación de una Unidad de Auditoría Externa Permanente para el traspaso de fondos a ONG’s, que dependa directamente de la Contraloría General de la República (CGR) y no de los ministerios sectoriales. Además, se debe legislar para inhabilitar de por vida a personas naturales y jurídicas involucradas en el desvío de fondos públicos de emergencia.Promesas políticas

Emergencias fallidas y reconstrucción «de papel»
La incapacidad técnica y la consecuente inexperiencia de este gobierno quedó expuesta en la gestión de las catástrofes, que dejaron una marca lamentable tanto en las víctimas y en el país, al ver la inacción del gobierno e indolencia de sus más altas autoridades. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca —originalmente cercano al sector—, ha calificado la reconstrucción tras los incendios de 2024 como un proceso «fallido».

El gobierno se retira con vergüenza y sin cumplir la promesa de «techo y abrigo» para los damnificados de Viña del Mar y Quilpué. Hubo negligencia al rechazar la colaboración técnica de la Cámara Chilena de la Construcción por «pudor ideológico» hacia el sector privado, dejando a miles de familias pasando un tercer invierno en condiciones precarias; eso es lo menos humanamente aceptable.

Chile requiere una reforma profunda al Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (SENAPRED) que le dote de atribuciones vinculantes y presupuestos autónomos a los Gobiernos Regionales (GORE). La centralización del mando en La Moneda durante las emergencias ha demostrado ser un cuello de botella fatal que privilegia el punto de prensa aderezado con la visión ideológica y la mira puesta en proteger al inquilino del palacio de gobierno por sobre la logística de la reconstrucción.

Diplomacia de nicho: el caso Bachelet y la irrelevancia global
Como si ya no fuese suficiente toda la andanada de problemas y el desorden administrativo de esta salida, ahora a semanas de entregar el poder, el gobierno se ha empeñado en posicionar a la expresidente Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU, justo cuando Chile cambia de signo político hacia la administración de José Antonio Kast y el mundo enfrenta un giro conservador (con Donald Trump en EE. UU.), no solo es miopía estratégica sino un acto de desconexión geopolítica.

Durante este mandato saliente, la política exterior se ha utilizado como una agencia de empleos para figuras de dicho sector. Promover una candidatura que ya enfrenta reparos explícitos de potencias como EE. UU. y Rusia es exponer a Chile a una derrota diplomática innecesaria. Es la «pataleta final» de quien busca refugio internacional al saberse irrelevante en el tablero interno.

El nuevo gobierno debe aplicar una Diplomacia de Realismo Nacional, priorizando los intereses comerciales (como el cable submarino con China o la relación con el TPP-11) por sobre las afinidades ideológicas. El apoyo a candidaturas internacionales debe ser fruto de un consenso de Estado, no un premio de consuelo partidista.

El balance final de estos años no debe leerse solo como el inventario de una gestión deficiente, sino como la lección más costosa de nuestra historia reciente sobre los peligros de anteponer la ideología a la realidad. Chile se encuentra hoy en una encrucijada donde la fatiga de las instituciones exige abandonar la práctica profesional y retornar a la experiencia. El país no resiste más una  política de nicho ni un Estado capturado por la inexperiencia; la principal urgencia es recuperar la seriedad, restaurar el valor del mérito en la función pública y devolverles a los ciudadanos la certeza de que su bienestar no será moneda de cambio para utopías trasnochadas. La salida de este ciclo debe marcar, por tanto, el entierro definitivo de la política del agravio para dar paso a una era de gestión técnica, firmeza ética y un compromiso inquebrantable con el orden democrático.

La esperanza de Chile no reside en las promesas vacías de un relato que se desmorona, sino en la incombustible capacidad de su gente para ponerse de pie una y otra vez tras la catástrofe, ya sea esta natural o administrativa. El desafío que asoma con la nueva administración no es menor: requiere una cirugía mayor a la permisología que asfixia el progreso, una limpieza profunda de los mecanismos de probidad y transparencia, y una diplomacia que mire al mundo con realismo y dignidad. Es momento de levantar la mirada y trabajar por un país donde la seguridad sea un derecho y no un privilegio, donde el crecimiento vuelva a ser el motor que saque a miles de la incertidumbre. El futuro de la nación comienza con la valentía de reconocer los errores del presente para no repetirlos jamás, abrazando con decisión un proyecto de unidad nacional que devuelva a Chile el lugar de liderazgo y prosperidad que nunca debió perder. Por eso, esperando un poco de cordura, amanecerá y veremos.

Fuente: PanamPost