Voto de migrantes en Chile se triplica para las presidenciales

El voto de los migrantes es el protagonista de las elecciones presidenciales en Chile que se efectuarán el próximo 16 de noviembre, no solo porque la actual legislación permite la inscripción automática de extranjeros en el padrón electoral, cuando suman cinco años en el país —sin distinguir entre una residencia definitiva o temporal—,  sino porque esta facción de la población votante se ha triplicado de cara a la contienda electoral, en la que se escogerá al siguiente líder de La Moneda.

Datos oficiales indican que el número de extranjeros habilitados para votar en Chile subió de 267.000 en 2017 a 786.470 en 2024. De ellos, aproximadamente 110.000 ingresaron al padrón para las regionales del año pasado, representando un incremento de 16 %, en comparación con los habilitados para sufragar en el plebiscito constitucional de 2023.

Este incremento se acentuó a partir de 2020, cuando los electores migrantes se ubicaban en 378.829, cifra que aumentó a 449.919 en la elección presidencial de 2021 y a 514.623 para el plebiscito de salida de 2022.

El aumento detonó en el Senado la búsqueda de opciones para regular la participación de migrantes en las urnas chilenas. La Cámara alta discute una modificación de la ley migratoria que establezca la residencia definitiva durante cinco años como requisito crucial para sufragar, así como la acreditación de un ingreso al país por vías regulares. Sin embargo, el camino para llegar a ello está empinado y tiene el tiempo en contra.

Regulaciones sin éxito 
A solo seis meses para las presidenciales, el único acuerdo alcanzado en la Comisión de Gobierno Interior del Senado es la imposición de sanciones por faltar a las citas comiciales. El incumplimiento con el voto obligatorio implicaría una multa a beneficio municipal entre 34 dólares y 340.000 dólares. Estos montos se duplicarían en caso de reincidencia en las dos últimas elecciones.

Estas indicaciones que rigen para todos los electores ya están aprobadas en el Senado y el documento pasará a su discusión en particular para quedar, finalmente, a disposición de la Cámara de Diputados.

Sin posibilidad de frenar el voto migrante, la vía de la conquista, por medio de sus propuestas, es el mayor reto de quienes aspiran a la jefatura de Estado. Esto funge como una de las prioridades de los candidatos, debido a que las revisiones indican que es menor sobre la participación electoral de extranjeros comparada con los chilenos. De hecho, en el plebiscito constitucional de 2022, solo 61 % de los extranjeros habilitados votó frente a 87 % de los nacionales.

Fisco bajo presión 
La Administración de Boric mira con recelo el panorama, puesto que estas nuevas estrategias obligarán al fisco a destinar más recursos para financiar campañas y partidos. No hay más camino cuando el financiamiento de las campañas —que se reguló en 2017 para terminar con las donaciones de empresas y los aportes ilegales— se sustenta en una contribución fiscal calculada por los votos emitidos en cada elección de diputados.

Bajo ese marco, el Estado está obligado a realizar los reembolsos por gastos de campaña a través del Servicio Electoral. Este año, las proyecciones indican que se pagarán cerca de 1,5 dólares por cada voto obtenido a los candidatos y otros 500 centavos de dólar a los partidos que llevaron a esos postulantes. A ello se agrega la entrega de un aporte permanente que el Fisco hace a los partidos, el cual emana de un fondo común estimado igualmente por el número de votos obtenidos por las toldas políticas.

Hacienda está bajo presión al dejar de ser voluntario el voto, quedando atrás también la participación de 50 % del padrón (menos de siete millones de electores), si se tiene en cuenta que solo en los últimos procesos electorales con voto obligatorio, la concurrencia superó el 84 %, es decir, más de 13 millones de votantes.

El ministerio ya pidió al Congreso un “techo transitorio” para los pagos para que los recursos destinados a las propagandas y campañas no presionaran el gasto público, luego de destinar para ellos 59 millones de dólares en las parlamentarias y presidenciales de 2017. Los partidos aceptaron, pero solo por las elecciones regionales y municipales, las que vienen son presidenciales.

Derecha con los migrantes
Un incremento en el desembolso fiscal resulta casi inevitable, dado que disminuir los reembolsos ligados al valor del voto será particularmente difícil este año. Un posible recorte impactaría directamente en los recursos asignados a senadores y diputados, quienes son los responsables de aprobar esa reducción en el Congreso.

Para evitar una merma en las arcas nacionales, Boric propuso limitar la participación de extranjeros a las contiendas municipales y plebiscitos comunales, pero sus observaciones orientadas a dejarlos fuera de las jornadas presidenciales fracasaron al escapar de las ” ideas matrices del proyecto”, así lo señaló el secretario Juan Pablo Durán a La Tercera.

Aún con el revés, la izquierda insiste en la necesidad de una residencia definitiva y la presentación de un certificado de antecedentes penales que los extranjeros puedan votar. Si bien el gobierno podría tachar como inadmisibles sus indicaciones, la decisión final recae en el presidente del Senado, José Manuel Osandón, del partido Revolución Nacional (RN).

Sin embargo, la tolda de Osandón respalda a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien junto al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, lideran las preferencias entre los electores oriundos de Perú, quienes suman alrededor de 191.000 en la nación austral, aproximadamente 174.000 provenientes de Venezuela, 95.000 de Colombia, 76.000 de Haití y 67.000 de Bolivia.

El último sondeo de Panel Ciudadano-UDD, revela que Kast obtiene 37,8 % de las preferencias del voto migrante en Chile, mientras que Matthei alcanza 32,2 %. En un tercer lugar, a considerable distancia, se posiciona Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, con 15,4 %. Más abajo están los candidatos oficialistas como la exministra de Interior, Carolina Tohá, con 7 %; el diputado Gonzalo Winter, perteneciente al Frente Amplio y la candidata comunista, Jeannette Jara, quienes no superan el 10 % de apoyo entre los extranjeros.

Fuente: PanamPost