El Congreso chileno ha aprobado la tarde de este miércoles por 110 votos y 38 en contra la reforma de pensiones, la mayor transformación a un sistema que se implementó en la dictadura de Augusto Pinochet, en 1981, basado en la capitalización individual, es decir, en el ahorro obligatorio de los trabajadores manejados por administradoras privadas. Era una de las principales promesas electorales del mandatario de izquierdas, Gabriel Boric, que logra sacar adelante una reforma menor a la que su Gobierno aspiraba, pero que mejora la situación actual y futura de los pensionados. Entre los principales cambios está que, tras cuatro décadas, los empleadores volverán a aportar a las pensiones de los trabajadores. “Este es un imperativo ético y un acto de justicia”, dijo Boric tras la aprobación.
El proyecto del Ejecutivo, que se transformará en ley, no solo ha sido intensamente debatido en esta Administración, que comenzó en marzo de 2022, sino hace al menos 15 años. Gobiernos de distinto signo, como los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, intentaron reformar el sistema ante la demanda social por los bajos montos de las jubilaciones, pero los presidentes solo lograron mejoras acotadas. El texto propuesto en este período, después de grandes negociaciones, ha sido respaldado por la sala de la Cámara de Diputados, compuesta por 155 congresistas, con el apoyo del oficialismo y de la coalición opositora Chile Vamos, de la derecha tradicional. En contra votaron los legisladores de ultraderecha y parlamentarios de distintos sectores políticos que no se cuadraron con la mayoría.
“Durante 43 años ha estado gravitando solamente sobre los hombros de los trabajadores el ahorro previsional”, dijo esta mañana la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, militante comunista, cuando arrancaba la votación en el Congreso, con sede en Valparaíso. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, socialista, que ha liderado el debate junto a Jara, recordó que Chile ha tenido en las últimas décadas un sistema de pensiones asentado solo en un pilar: la capitalización individual.
Considerada la mayor modificación al sistema previsional desde el retorno a la democracia en Chile, la iniciativa contempla un alza gradual de la cotización: de un 10% que ahorran ahora todos los trabajadores del país, se subirá a un 17%, para estrechar la gran brecha que hoy existe entre lo que ganan mientras están activos y lo que reciben cuando jubilan. De la diferencia –un 8,5%–, un 7% deberá pagarla el empleador. La nueva ley supondrá, además, un incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) –un beneficio aprobado en el Gobierno de Piñera que consiste en la ayuda del Estado para las más bajas jubilaciones–, y, entre otros elementos, considera una compensación a las mujeres por las mayores expectativas de vida. Era uno de los grandes problemas del sistema que ahora se supera: la brecha de género entre los pensionados hombres y mujeres, que ganan menos a lo largo de su vida y tienen más vacíos por las labores de cuidados no remuneradas que desempeñan en sus hogares.
La iniciativa ha llegado negociada al hemiciclo, por lo que era altamente probable que se aprobara. Pese a los distintos énfasis, ya existe el diagnóstico compartido, entre la izquierda y la derecha tradicional, de que el sistema hay que reformarlo. Y que la clase política necesita dar una respuesta a la gente. En Chile, por ejemplo, un 72% de las personas recibe pensiones inferiores al salario mínimo, que se ubica en unos 504 dólares mensuales.
El Gobierno no ha conseguido sacar de la ecuación a las Administradoras de Fondos de pensiones, AFP, las empresas privadas que surgieron en los años 80 y que se encargan de realizar inversiones con los aportes de los afiliados para obtener rentabilidad y aumentar el fondo de la pensión. Eliminarlas era lo que se buscaba con el proyecto de ley original. Pero la enmienda permite la incorporación de nuevos actores en esta industria y abre las puertas a una mayor competencia en este negocio. Carolina Tohá, ministra del Interior, ha asegurado en una conversación con Radio ADN, el martes, que ya no habrá “este monopolio de la administración de los fondos de las personas por parte de las AFP, porque vamos a tener el seguro social al lado”. Es decir, lo que se establece es un sistema mixto de administración.
Los cambios, que deberán ser promulgados por el presidente Boric, representan una buena noticia para la Administración de izquierdas. Luego de que en 2022 la ciudadanía echara abajo la propuesta de nueva Constitución que apoyaba, era prácticamente la única gran reforma que le quedó en pie al Gobierno. El presidente, en cualquier caso, se la jugó por apurar la votación y utilizando un recurso que le permite la Carta Fundamental dio celeridad a la discusión del proyecto en el Congreso antes del receso legislativo de febrero. El 2025 es un año importante porque en noviembre se celebran las elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que el oficialismo busca mostrar su reforma y la derecha tradicional, cerrar esta discusión eterna ante su posición expectante de poder recuperar La Moneda.
Boric no se había referido al proyecto durante semanas, pero el martes decidió romper el silencio para activar la facultad presidencial y convocar una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para votar la propuesta. En su cuenta de X, aludió a que, pese al acuerdo transversal de la gran mayoría de los parlamentarios, “la ultraderecha chilena [en referencia al Partido Republicano] no dio la unanimidad requerida para poder votar reforma de pensiones esta semana”.
No solo los republicanos disintieron de la propuesta. A pesar de ser aprobada en el Congreso, la reforma fue criticada duramente por algunos diputados de la derecha y de la izquierda. Nathalie Castillo, una legisladora del oficialista Partido Comunista, rechazó que se mantengan las cuentas individuales: “Esperamos que esto cambie y en algún momento avancemos hacia un sistema de seguridad social real, sin miedo a los grupos económicos”. En tanto, Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, formación política parte de Chile Vamos, de la derecha tradicional, votó en contra del proyecto por considerar que la iniciativa traerá más desempleo, incertidumbre y presión sobre el mercado laboral.
Una de las grandes promesas de Boric
Un cambio radical al sistema de pensiones fue una de las principales demandas durante la revuelta social que se inició el 18 de octubre de 2019. Y, luego, se convirtió en una de las mayores promesas de campaña presidencial de Boric y de su partido político, el Frente Amplio (FA).
Pero sacar adelante esta reforma ha estado precedido por un largo proceso de negociaciones, encabezados por los ministros Jara y Marcel. En este camino, el Gobierno ha debido ceder debido a que no cuenta con mayoría en el Congreso, donde ya han sido rechazados otros de sus proyectos emblemáticos, como la reforma tributaria.
Excepto por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, un aumento histórico del salario mínimo, el royalty a la minería y ahora la modificación al sistema de pensiones, Boric, que concluirá su mandato en marzo de 2026, no ha podido sacar adelante sus principales promesas electorales.
En 2022, el fracaso en el primer intento de cambiar la Constitución de Chile, vigente desde 1980, obligó al presidente a dar un giro hacia la moderación, convirtiendo al Socialismo Democrático como la principal fuerza en su Gabinete y a frenar sus aspiraciones.
La reforma de pensiones aprobada por el Congreso este miércoles dista de lo anhelado inicialmente por el mandatario. Además de la eliminación de las AFP, el diseño original proponía una redistribución relevante de los fondos: buscaba un sistema solidario donde los ahorros de los cotizantes ayudaran a las pensiones de los actuales jubilados, un aspecto resistido por la propia ciudadanía, de acuerdo a las encuestas. Pero el Gobierno ha debido ceder en este y otros aspectos clave de su idea original para llegar a acuerdos con la oposición.
Marcel, ministro de Hacienda, dijo en una entrevista con EL PAÍS, a finales de diciembre, que los cambios serán un impulso para la economía, porque permitirán la acumulación de mayores ahorros, la reactivación del mercado de capitales de largo plazo y un mejor financiamiento para los créditos hipotecarios. También los analistas del mercado consideran que una modificación al sistema previsional acelerará la recuperación del mercado de capitales chileno, golpeado duramente por tres retiros de fondos de pensiones realizados entre 2020 y 2021 que totalizaron cerca de 50.000 millones de dólares, equivalentes al 19,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Fuente: El País
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