Los ciudadanos de Ecuador, Costa Rica, Chile y Uruguay se abren a la ‘mano dura’ contra la inseguridad

Hace unos 10 a 15 años se consideraba que cuatro países de América Latina eran excepcionales a las altas tasas de homicidios en la región: Ecuador, Costa Rica, Chile y Uruguay. Existía en ellos una narrativa de prevención, rehabilitación, un Estado que revolvía asuntos y le daban la espalda a las medidas de ‘mano dura’. Desde entonces, la violencia ha extendido sus tentáculos a esos territorios tildados de exitosos. Este cambio fue el punto de partida de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) para tomar la temperatura de cómo se sienten los ciudadanos de dichos cuatro países y cuán abiertos están a que se implementen medidas de castigo radicales para combatir la inseguridad.

Los resultados del proyecto Mano Dura y erosión democrática en América Latina: Evaluación del interés por Mano Dura en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, basado en conversaciones con ocho grupo focales en los cuatro países (en cada uno se entrevistó a unas 300 personas), arrojan que la sensación de miedo alcanza el 67%, que existe una sensación de orfandad institucional y de que el gran enemigo, el crimen organizado, es más sofisticado que el propio Estado. Y que subsiste una nostalgia de la disciplina y el reconocimiento de la autoridad, asociada a castigos severos. A medida que las distintas comunidades discutían, sin embargo, el instinto punitivo se iba moderando. Pasaban de defender el trabajo forzado en las cárceles a querer mejorar la calidad de éstas, por ejemplo, dando cuenta de la compleja interacción entre las políticas de mano dura y la salud de las instituciones democráticas.

Las conversaciones apuntan a diversas interpretaciones sobre mano dura. Se asocia a leyes estrictas (21%), un cierto orden y autoridad (15%) o al respeto y la crianza firme (14%), principalmente. Los cuatro países presentan imaginarios mayoritariamente positivos sobre la mano dura (58% en promedio), especialmente en Ecuador y Costa Rica. El 16% se muestra ambivalente y el 26% tiene una imagen negativa. Uruguay y Chile encabezan en esta última percepción, con 39% y 31%, respectivamente.

El principal actor al que se le exige actuar con mano dura es al presidente de la República. Dentro de los referentes internacionales que aparecen con frecuencia figuran Nayib Bukele (91 menciones), Javier Milei (15), Vladimir Putin (12) y Donald Trump (9). En general, los personajes nacionales que los participantes del proyecto vinculan a las políticas de mano dura están relacionados con partidos de derecha.

La socióloga y académica de la Universidad de Santiago (USACH), Lucía Dammert, coordinadora general del proyecto, señala que “hay una mirada positiva sobre lo que le ha hecho Bukele, porque ha tenido resultados, pero cuando empiezas a conversar, la ciudadanía no quiere, salvo casos ultra-excepcionales, cerrar el Congreso, que los presidentes gobiernen por decreto o que las Fuerzas Armadas estén en la puerta de su casa. Todavía existe en estos países la posibilidad de otro tipo de medidas”. En términos narrativos, afirma que “el mundo progresista no termina de revisar las multidimensionalidades de la conversación ciudadana. Se ha quedado en que esto es pasar leyes para castigar a la gente. Pero la gente también se da cuenta de que aprueban las leyes y luego no pasa nada”.

Abierta la conversación sobre la situación de seguridad en cada país, el 67% de los participantes incluyó la emoción del miedo, donde aparecieron palabras que iban desde temor hasta terror. El 17% empleó un lenguaje asociado a la rabia, incluida la impotencia y la frustración; el 13% con la preocupación y el 3% con la tristeza, con cierta desesperanza respecto de un cambio, según el estudio desarrollado por Dammert, junto con los investigadores Mary Fran Malone, profesora de la Universidad de New Hampshire; Sebastián Cutrona, de la Liverpool Hope University; Jonathan Rosen, de la Universidad de Nueva Jersey, y la socióloga Manuela Gil, asistente general del proyecto.

En los grupos consultados en Ecuador y Costa Rica, las emociones asociadas a la rabia, la injusticia y el cansancio frente a la delincuencia alcanza un 25%, unos ocho puntos por sobre los otros dos países. En Uruguay predominan las diversas capas del miedo y en Chile y Costa Rica lideran las menciones a la preocupación (18% y 19%, respectivamente) y la tristeza (4% y 6%), vinculada a la empatía hacia las víctimas y sus familias afectadas por la delincuencia.

El proyecto recoge cómo se repite entre los participantes la visión de un pasado que fue mejor. Lo que potencia su sensación de miedo y la alteración de su vida cotidiana es el incremento en la frecuencia de los delitos, el aumento en la violencia asociada a estos y una mayor diversidad de los crímenes. “Ya no hay paz. Uno está preocupado hasta cuando los hijos andan en la escuela porque ahora hay balaceras hasta en las escuelas, afuera, entonces uno ya no sabe ni qué pensar, da miedo salir”, dice una mujer costarricense del grupo de entre 30 a 50 años.

Los responsables del miedo
La migración irregular y el narcotráfico son dos factores responsables del problema de seguridad en los cuatro países, según el estudio. En Ecuador, se señala que el narcotráfico a gran escala representa un tipo de delito diferente al que se conocía previamente, vinculado estrechamente a Colombia y México. En Chile, la presencia de bandas criminales, el aumento de homicidios con armas de fuego y los crímenes violentos se vinculan con la migración irregular de venezolanos, y en Costa Rica de la de nicaragüenses. “La gente extranjera debería venir a sumar, a hacer que mi país crezca (…). No enseñarles a los delincuentes modos nuevos, por ejemplo, de tortura”, apunta una chilena entre 30 y 50 años. En Uruguay, si bien señalan que el narcotráfico tiene responsabilidad, no siempre está vinculado a la población extranjera. Le atribuyen el origen de la crisis a factores internos como la desigualdad social, el consumo de drogas y una cierta pérdida de valores, como el respeto por la autoridad.

Uno de los principales habilitadores de los problemas de seguridad, según los participantes, son los políticos. Por ejemplo, identifican las políticas de apertura de fronteras implementadas en distintos momentos, especialmente en Costa Rica y Chile, como elementos que han contribuido al surgimiento y profundización de la crisis. También en las conversaciones aparecen factores que obstaculizan los cambios. En algunos grupos se señala que valores democráticos como la protección de los derechos humanos y el debido proceso judicial, limitan las acciones que consideran necesarias para enfrentar la delincuencia. “¿Por qué tenemos que tener consideración con los derechos humanos de los delincuentes si ellos no tienen ninguna luz para matar a alguien por 100 pesos con un teléfono?”, apunta un chileno entre 30 y 50 años. Además, en muchos grupos se percibe que el sistema judicial es ineficaz en la persecución y el castigo de delincuentes.

En los cuatro países se destaca el papel de los medios de comunicación en la percepción de la seguridad. Coinciden en que existe una sobreabundancia de noticias sobre delincuencia e inseguridad, lo que les dificulta discernir su veracidad. Queda de manifiesto la baja confianza que les tienen, descritos como “alarmistas”, lo que los ha llevado a elegir fuentes no tradicionales para informarse. Muchos dicen que confían más en las redes sociales que en la televisión o la prensa escrita. En Ecuador se da un fenómeno particular en el que la desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales existe, pero varios afirman que están al servicio del Estado y buscan crear una sensación de falsa tranquilidad.

La hipótesis preliminar que se plantea en la investigación es que los medios desempeñan un papel clave en mantener una percepción alta y estable de inseguridad en la población. A través de la sobreexposición a ciertos delitos, los medios “normalizan una visión de la violencia y la delincuencia, haciendo que la población se sienta constantemente insegura, sin importar la naturaleza específica de su miedo”, sostiene el informe. Entonces, aunque las cualidades del miedo son distintas (a ser robado frente a ser asesinado, por ejemplo), en una escala de percepción, ambas personas podrían sentir el mismo nivel de inseguridad.

Respecto a cuán alarmante consideran la crisis de seguridad en sus respectivos países, en una escala de cinco niveles, siendo el primero el más bajo, el 43% de los participantes la sitúan en el tercero, el 28% en el cuarto y el 22% en el quinto, el más crítico. Mientras que los grupos de Chile y Uruguay se concentran en el nivel tres, Costa Rica y, sobre todo, Ecuador presentan promedios más altos.

¿Qué medidas adoptar?
Cuando se discutían medidas preventivas, como la modernización de las instituciones y la reinserción social, los argumentos en contra eran que las califican de poco eficientes y que no logran resolver la crisis actual. En las propuestas de control, como intensificar la lucha contra la delincuencia en lugar de centrarse en su castigo, se vio cierto consenso sobre la necesidad de ampliar las atribuciones de las fuerzas policiales y brindarles mayor respaldo para actuar frente a la delincuencia. En determinados grupos, la discusión derivó en la necesidad de recurrir a las Fuerzas Armadas, ya que perciben que las policías no están preparadas para enfrentar delitos del crimen organizado, entre otros. Dentro de las propuestas punitivas, la discusión se enfocó en incrementar los años de prisión para delitos como homicidios o robos con violencia. Algunos plantearon que es imposible reinsertar socialmente a ese tipo de delincuentes.

Dammert advierte que uno de los problemas de concentrarse en una amenaza transnacional, como el crimen organizado, es que se invisibilizan otras violencias, como “la violencia contra la mujer, la violencia en el colegio, y un montón de otros temas que también nos afligen y tal vez incluso más”. “Hay un cóctel que es peligroso para la calidad de nuestras democracias”, remarca la académica.

Algunas propuestas de los participantes son derechamente radicales y apuntan a la necesidad de romper con la separación de poderes del Estado, además de transgredir libertades civiles. Aquí aparecen respuestas diversas. Los que se resisten son los que consideran que los delincuentes son los responsables del problema, que no son necesarias esas acciones, y que la democracia es siempre deseable. Para otros, la concentración del poder aparece como un camino alternativo a las medidas que han sido adoptadas hasta ahora. “Frente a la percepción de que los gobiernos anteriores han fallado en combatir la delincuencia, la idea de una salida autoritaria puede ser vista como una medida más eficaz, rápida y eficiente”, describe el informe.

En una tabla sobre la agresividad de las medidas para combatir la delincuencia, siendo el primero las más moderadas y el quinto el de las más radicales, el 12,5% está en el tercer escalón, el 31% en el cuarto y el 53% en el quinto. Uruguay es el más moderado, frente a Chile, Costa Rica y Ecuador, siendo este último el más extremo. A medida que la conversación avanza, apunta la investigación, la narrativa se modera porque aparecen los derechos y libertades civiles, las identidades nacionales y rasgos idiosincráticos y elementos institucionales de la democracia. El ejemplo más claro dentro de los moderadores idiosincráticos es el de Costa Rica y su cultura de la paz al no tener Ejército. Uruguay, por ejemplo, que apela a su historia reciente y cómo han vivido la memoria histórica de la dictadura (1973-1985) para poner paños fríos.

En el caso chileno, algunos expresan que no sería deseable regresar a prácticas de control y represión como las de la dictadura (1973-1990), sin embargo, hay quienes argumentan que sería necesario aplicar una mano dura similar a la de esos años. Sugieren que la memoria de la dictadura limita actualmente la capacidad de las policías, Fuerzas Armadas y de los políticos para implementarlas. Otra noción que modera el debate en los grupos del país sudamericano es el que implementar medidas de mano dura sería un “retroceso civilizatorio”. Esto surge acompañado de la idea de que, si bien Chile puede estar en una crisis y la percepción inseguridad ser muy alta, no estaría tan mal como los demás países latinoamericanos.

“En Uruguay”, señala Dammert, “la gente no está dispuesta a disminuir sus derechos. En Costa Rica la gente se sigue viendo como un país que tiene una autodefinición de un pacífico, que no quiere caer en una guerra interna. El caso chileno es mucho más complicado porque encuentras una mirada mucho más autoritaria, probablemente por una sensación mayor de abandono y una profunda frustración respecto al trabajo institucional y político. Y en Ecuador tienen una visión de que están en una guerra interna con un nivel de corrupción institucional gigante”.

Una de las ideas más difundidas en los cuatro países es que las leyes son demasiado blandas y permisivas con los delincuentes. Que los castigos no son proporcionales a los delitos y que existe una “puerta giratoria”, haciendo referencia a la entrada y salida del sistema judicial con total impunidad. Esto se atribuye al Poder Legislativo y a la manera en que se aplican las normas. Cuando se percibe que el Estado no está ejerciendo el castigo suficiente para enfrentar la delincuencia, los participantes discuten sobre alternativas civiles, entre las que destacan las detenciones ciudadanas y linchamientos, con la premisa de tomar “justicia por sus propias manos”. “Ya no se puede confiar mucho hoy en día en la policía porque ahí empieza la corrupción, les pasan plata y ya”, dice un hombre ecuatoriano entre 18 y 29 años.

Para los participantes, un modelo ideal de líder, concluye la investigación, sería caracterizado como una figura pura, limpia frente a un sistema político corrupto, con una brújula moral que seguir. Personas a las que se les permite ensuciarse las manos excepcionalmente, sin que esto les quite su investidura de líderes morales y carismáticos.

Fuente: El País