La reforma judicial de López Obrador tensa la relación de México con Estados Unidos

MUNDO Bernardo Graue Toussaint*
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No queda duda de que México está pasando un momento procesal muy importante y lamentable de su historia. En la recta final del Gobierno populista de  Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y antes del de su sucesora en el cargo (Claudia Sheinbaum Pardo), se observan coyunturas delicadas para el futuro y acciones políticas que ponen en riesgo la viabilidad social, jurídica y política de México.

Por un lado, la detención en Estados Unidos de dos importantísimos capos del narcotráfico global y líderes del Cártel de Sinaloa –Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López (hijo del famoso narcotraficante 'El Chapo' Guzmán)– han puesto en estado de notable nerviosismo al Gobierno de AMLO, el cual ha incrementado su beligerancia discursiva contra Estados Unidos, en nombre de la «soberanía nacional».

Por el otro, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha avalado –con férreas protestas de la oposición– la sobrerepresentación parlamentaria de MORENA y sus aliados electorales (tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado) lo que permite a AMLO y a Sheinbaum realizar reformas legislativas de gran calado (incluidas las constitucionales), gracias a esa mayoría absoluta aplastante.

 
Queda claro que con esta nueva mayoría el Gobierno de Sheinbaum hará todos los cambios constitucionales necesarios para garantizar al régimen una permanencia en el poder a largo plazo y una reducción del margen de maniobra de los partidos de oposición. Es –en toda regla– el nacimiento de una tiranía hegemónica.

Los dos párrafos anteriores se correlacionan toda vez que el Gobierno estadounidense ya ha alzado su voz de protesta ante las autoridades mexicanas con motivo de la pretendida reforma legislativa del Poder Judicial que propone que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por medio del voto de la ciudadanía, lo que derivaría en unos tribunales plagados de ministros, magistrados y jueces mediocres y, sobre todo,  incondicionales al Poder Ejecutivo o del crimen organizado.

El Gobierno de EE.UU. ha comunicado por escrito al Gobierno mexicano su seria preocupación por lo anterior, dado que consideran que esa reforma violaría las condiciones legales suscritas en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC). Basta recordar que México es el socio comercial más importante de Estados Unidos. Se han sumado a la protesta gubernamental norteamericana diversos y muy importantes fondos de inversión e instituciones bursátiles que ya advierten que podrían tomar medidas restrictivas ante un debilitamiento de las condiciones jurídicas para la inversión extranjera directa en el país hispanoamericano.

Lo anterior representa un fuerte riesgo para la estabilidad económica de México, que tiene una dependencia profunda del mercado norteamericano. Además de lo anterior, habrá que esperar a conocer los efectos que tendrá la huelga (por tiempo aún  indefinido) de los trabajadores del Poder Judicial –a la que se han sumado jueces y magistrados–, en protesta contra esas reformas.

Está claro que la beligerancia discursiva de López Obrador tiene mucho que ver con los riesgos que representan las posibles declaraciones de Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López (hijo de 'El Chapo' Guzmán) y que pudieran implicar (directa o indirectamente) al presidente de México o a sus colaboradores.

AMLO y Sheinbaum Pardo están haciendo un recorrido populista por todo el país (incluyendo visitas a Sinaloa y a la región de Badiraguato, terruño de los narcotraficantes capturados por EE.UU.) reiterando que «todo está en calma» y que los señalamientos desde el extranjero son absolutamente injerencistas y que pretenden violar la soberanía nacional. Discursos «antiimperialistas», muy al estilo de la retórica chavista de Venezuela de antaño o de Nicolás Maduro, en el presente.

Queda claro que el futuro de México puede complicarse si el Gobierno mexicano sigue por la senda de mantener e incrementar la tensión política interna y, al mismo tiempo, descomponer las relaciones con EE.UU. y Canadá, sus dos principales socios comerciales.

Todo parece indicar que el Gobierno mexicano (el de AMLO y la «continuidad» prometida por Sheinbaum) no tiene reparo alguno en alejarse del conveniente bloque de Norteamérica (con todo lo que implica) y prefiere acercarse más al Foro de São Paulo (con todas sus desventajas).

Le quedan poco más de 30 días al Gobierno de  Andrés Manuel López Obrador. Aparentemente es poco tiempo, pero suficiente para producir secuelas trascendentales para el futuro. Muchos analistas subrayan que, al margen de lo anterior, AMLO seguirá dictando las pautas del Gobierno a Claudia Sheinbaum, quien le debe todo a su mentor. De ahí la promesa de ésta de dar «continuidad» al legado del tabasqueño.

México enfrenta muchos riesgos de gran calado en el corto y medio plazo, derivados de sus decisiones gubernamentales. Sin duda alguna. Habrá también que esperar a los resultados electorales presidenciales estadounidenses, el próximo 5 de noviembre, y las decisiones que tome el próximo presidente de la gran potencia mundial con respecto a México y las políticas «continuistas» de Sheinbaum Pardo, tanto en lo que respecta a la certeza jurídica para las inversiones norteamericanas, como a la política contra el narcotráfico desde México (principalmente de fentanilo) que, en territorio estadounidense, ha producido más de 80 mil muertes en lo que va del año.

La conflictividad interna y externa de México crece con consecuencias claras que no hay que desdeñar.

*Para El Debate

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