Las tácticas marroquíes que denuncian los saharauis: desapariciones forzosas, torturas o violencia sexual

Estuve desaparecida durante siete años y tres meses», rememora Elghalia Djimi, activista saharaui de derechos humanos. Su piel está marcada brutalmente por las torturas de las autoridades marroquíes a las que estuvo sometida durante los años que pasó en una cárcel secreta por su labor en El Aaiún, ciudad que los saharauis consideran «ocupada» por Marruecos. Para este pueblo, abandonado por la comunidad internacional, el Sáhara Occidental es la tierra prometida, a la que añoran, algún día, retornar.

Lejos de la árida tierra donde se refugian desde 1976, cuando España cedió el territorio tanto al reino alauí como a Mauritania, el Sáhara Occidental es un tierra rica en recursos naturales, como los fosfatos, y a orillas del océano Atlántico, que cuenta con pozos de petróleo. Aunque una gran parte del pueblo saharaui decidió exiliarse en Argelia cuando Rabat lanzó la Marcha Verde sobre la antigua provincia española, muchos otros optaron por quedarse y luchar contra el ocupante desde dentro. Sin embargo, su labor no es fácil y, la mayor parte de los activistas, denuncian violaciones contra los derechos humanos.
Djimi es un claro ejemplo de esta política represiva que aplica Marruecos sobre los saharauis que viven en el Sáhara Occidental. La defensora de los derechos humanos sufrió, en sus propias carnes, la desaparición forzosa entre 1987 y 1991 –fecha que coincide con el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario–. Djimi relata que fue capturada junto con una veintena de mujeres y más de 80 hombres. La razón, explica, fue la llegada de la Comisión de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y la Unión Africana (UA), para elaborar un proceso de paz. Desde entonces, sufre secuelas que se han convertido en enfermedades crónicas.

«Todo el pueblo saharaui estaba preparado, en ese año, para hacer una gran manifestación, tras años de silencio por la ocupación marroquí», explica a El Debate la activista. Marruecos decidió, por tanto, someter a los saharauis a una desaparición forzosa, para acallar sus voces. Casi 40 años después, la situación para esta población en el Sáhara Occidental avanza por el mismo camino de represión, amenazas y violaciones de los derechos humanos. Djimi, junto con otros activistas saharauis, ha tratado de documentar todas estas violaciones, sobre todo, contra las mujeres, en el Sáhara Occidental entre 1975-2021, en un extenso informe de 128 páginas, titulado Que salga todo a la luz y que, posteriormente, ha servido de inspiración para el documental Insumisas.
Según el documento, los tipos de violaciones de derechos humanos más recurrentes son: las violaciones de la libertad y seguridad personal, las violaciones de los derechos culturales, la tortura física y psicológica y la violación al derecho de la vida. El informe se basa en los testimonios de más de 80 mujeres del Sáhara Occidental. Todas relatan las mismas técnicas de hostigamiento aplicadas de manera sistemática por Marruecos. «Desaparecí con tan solo 16 años. Nadie sabía nada de mí», denuncia Mina Baali, durante una mesa redonda junto a otras siete activistas, en el contexto del festival FiSahara 2024, en los campamentos de refugiados del Tinduf.

Para los saharauis que viven en los «territorios ocupados» esta situación de vulnerabilidad es el pan de cada día. «El sufrimiento se transmite de generación en generación», subraya Baali. La defensora de los derechos humanos explica que sus hijos le piden que deje su activismo. «Son una víctima de mi lucha», reconoce Baali, que señala que las autoridades marroquíes les ha prohibido ir a la universidad, como castigo por su labor a favor de la causa saharaui. Nasrathoum Babi, quien también planta cara a Marruecos desde el Sáhara Occidental, relata que las autoridades del país vecino han llegado a hostigar a su marido para que se divorcie de ella.
La violencia física y sexual también es un habitual para acallar a los saharauis. A pesar del estigma que genera en las sociedades árabes, cada vez son más las mujeres y hombres saharauis que denuncian esta violación de los derechos humanos. El caso más representativo es el de la activista Sultana Khaya que, junto a su hermana Laura, estuvo durante un año y medio bajo arresto domiciliario. Durante el encierro, las hermanas fueron violadas por los mismos oficiales que velaban por que se cumpliera el encierro.
«La violencia en vez de decrecer –tras al arresto domiciliario– fue en aumento. Fueron violadas varias veces y Marruecos inició una campaña de difamación en su contra», asegura a este periódico Tone Sorfon Moe, abogada internacional de derechos humanos, que llevó el caso de Sultana y Laura Jaya. Moe denuncia que el reino alauí aplica unas políticas de «ocupación y anexión» sobre el Sáhara Occidental. «Marruecos destruye la cultura y las tradiciones saharauis, violando sus derechos civiles y políticos con detenciones arbitrarias, torturas, violencia policial, amenazas…», explica la abogada.
Represión económica y social
El reino alauí también se sirve de tácticas más sutiles para someter a la población saharaui como la violación de derechos económicos o sociales, a través de despidos injustificados, recortes salariales, estigmatización en las escuelas o el acoso escolar, entre otros. «Marruecos nos obliga a trabajar lejos de nuestras familias, para obligarnos a que renunciemos a nuestro sustento de manera voluntaria», denuncia Laili Lilli. Soukaina Aamadour, cuyo hermano se encuentra cumpliendo 12 años en una cárcel en Marruecos, confiesa, entre lágrimas, que «lo han convertido en un muerto viviente sin futuro».

Aamadour ha cargado contra España por acceder a las peticiones de Marruecos. Su hermano fue detenido en nuestro país, tras participar en una manifestación estudiantil en apoyo a la causa saharaui. «Nunca pensé que en un Estado de bienestar como España lo pudiera dejar en manos de Marruecos», explica la joven saharaui. Sin embargo, Aamadour concluye, tajante, que, «nada va a evitar que sigamos en la lucha». Todas estas mujeres que decidieron trasladarse a los campamentos de refugiados del Tinduf para compartir sus historias son conscientes, y así lo transmitieron a los periodistas presentes en el encuentro, de que sus palabras traerán consecuencias. «Nos espera más persecución, intimidación y violencia», reconoce Elghalia Djimi.

*Para El Debate